Casi cinco años después de su intervención por parte del Banco de España, la factura por el rescate de la CAM sigue subiendo. De acuerdo con las últimas estimaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, las pérdidas previstas en la cartera cubierta por el Esquema de Protección de Activos -el mecanismo que se concedió al Sabadell para ayudarle a digerir los activos tóxicos de la caja alicantina- ascienden ya a 11.701 millones de euros, lo que, unido a los 5.249 millones que se inyectaron inicialmente a la entidad, eleva los números rojos esperados a cerca de 17.000 millones de euros. En concreto, a 16.950 millones, una cantidad equivalente al presupuesto anual de la Generalitat Valenciana.
Esta cifra supone 1.802 millones más de lo que este mismo organismo calculaba a finales de 2014 y casi un 60% más de lo previsto cuando se adjudicó la CAM. Un aumento de las pérdidas esperadas que responde al deterioro sufrido durante este tiempo por los activos cubiertos por este seguro, que incluyen desde participaciones inmobiliarias a créditos concedidos a promotores, pasando por viviendas, edificios y numerosos solares.
Así consta en el Informe Anual del Fondo de Garantía (FGD), en el que este organismo está obligado a incluir una estimación actualizada del agujero previsto -que debe realizar un grupo de expertos independientes- para determinar el volumen de dinero que debe provisionar en sus cuentas para hacerse cargo de los pagos.
Como se recordará, además de la inyección inicial de 5.249 millones que recibió la CAM para su recapitalización, el Gobierno decidió incluir en la subasta de la entidad un Esquema de Protección que se hiciera cargo del 80% de las pérdidas previstas sobre los activos más problemáticos de la caja, con el objeto de animar a los posibles postores. La cartera inicial abarcaba un perímetro de 24.644 millones de euros, en los que el cálculo inicial estimaba que se perderían 5.557 millones. Sin embargo, año a año el FGD ha tenido que rectificar esa cifra al alza, hasta alcanzar los 11.701 millones incluidos en el informe de cierre de 2015, que la comisión gestora de este organismo acaba de aprobar y que cada vez se acercan más a los números que, desde un principio, realizaron en el Sabadell. Y es que la entidad catalana siempre tuvo claro que el dinero que finalmente se podría recuperar de la citada cartera apenas alcanzaría la mitad de su valor inicial.
No obstante, hay que aclarar que esto no significa que el Fondo de Garantía -que se nutre de las aportaciones obligatorias de todas las entidades españolas- deba hacer frente a esos 11.701 millones. De esa cifra, los primeros 3.882 millones corren a cargo de las propias provisiones que tenía guardadas la CAM antes de la quiebra. Una vez agotada esa cantidad, el resto de pérdidas que se produzcan se reparte en un 80% para el Fondo de Garantía -que según esta estimación pagaría 6.256 millones- y en un 20% para el Sabadell, lo que supondría unos 1.563 millones. El EPA tiene un periodo de vigencia de diez años, es decir, hasta julio de 2021.
Primer pago
En este sentido, los citados 3.882 millones de provisiones iniciales se agotaron el año pasado, por lo que el Fondo de Garantía ya ha tenido que girar el primer pago al Sabadell por las pérdidas materializadas hasta la fecha. En concreto, según el informe anual, el pasado 29 de febrero el realizó una transferencia por valor de 825 millones de euros. Además, ya tiene otros 5.030 millones reservados -479 más que el año anterior- para futuros desembolsos.
El documento también recoge la operación por la que el Fondo decidió quedarse con la denominada Ciudad Ros Casares en Valencia, que el Sabadell se aceptó como dación en pago por el crédito moroso de la compañía homónima. Según explica el informe, el organismo decidió ejercer el derecho de tanteo que le corresponde en todas las operaciones protegidas por el EPA y desembolsó 30 millones por el complejo de oficinas y apartamentos a las afueras de la capital autonómica al considerar que, de esta forma, minimizaría sus pérdidas.
