Los empresarios alicantinos todavía no están dispuestos a romper la baraja en la partida que los enfrenta con sus homólogos valencianos por la reforma de la patronal autonómica Cierval. A pesar de que la falta de entendimiento entre las dos provincias es más que evidente, los representantes de Coepa han decidido dar una oportunidad más a la negociación y tienen previsto abstenerse durante la votación de las cuentas anuales que el comité ejecutivo de Cierval abordará en su reunión de hoy.
El voto en contra de Alicante y Castellón -que también está enfrentada con la cúpula que encabeza José Vicente Gónzalez- hubiera impedido la aprobación de las cuentas y hubiera dejado a la patronal autonómica en una situación sin precedentes, prácticamente abocada a solicitar el concurso de acreedores. Conocedores de que este rechazo hubiera supuesto la ruptura definitiva de la organización, desde Coepa no quieren tensar en exceso la cuerda y confían en que este gesto les permita ganar tiempo para llegar a algún tipo de entendimiento con los valencianos.
«Consideramos que las cuentas están bien formuladas, a pesar de la delicada situación que reflejan (recogen unas pérdidas de 905.000 euros para 2015, y unos fondos propios también negativos de 515.000 euros). Por eso nos abstendremos. No obstante, también vamos a dejar claro que si no se formula un plan de viabilidad que nos convenza y que recoja una solución para todas las patronales de la Comunidad, votaremos en contra en la asamblea», apuntó el presidente de Coepa, Francisco Gómez.
Lo cierto es que la situación es difícil de resolver. Por un lado, Cierval es el principal acreedor ordinario de Coepa, por lo que su apoyo es clave para que ésta pueda firmar un convenio y salir del concurso de acreedores en que se encuentra inmersa, evitando su liquidación. Y, por otro lado, los votos de los empresarios alicantinos también son necesarios para que la patronal autonómica pueda reformar sus estatutos, como desean desde Valencia para garantizar su viabilidad, tras las pérdidas que le han ocasionado los impagos de Alicante y Castellón.
El problema es que el plan de Valencia pasa por recortar la representación de las organizaciones provinciales en Cierval para permitir la afiliación de empresas y organizaciones sectoriales y mejorar sus ingresos con estas cuotas. Como es lógico, ni Alicante ni Castellón están dispuestos a esta cesión y lo que piden es aligerar la estructura de la autonómica para reducir sus gastos.
