Cuando a punto está de abrirse juicio oral por los 600.000 euros que el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, cobró de la caja en concepto de dietas, unos hechos por los que el fiscal anticorrupción le reclama 4 años de cárcel, la Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito alguno en los 308.000 que percibió el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés bajo el mismo epígrafe. En ambos procedimientos, dos de los seis en que está dividida la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la gestión de la que llegó a ser la cuarta caja del país, y que tuvo que ser intervenida por el Banco de España hace ya cinco años, se encuentra también el exdirector general Roberto López Abad como padre intelectual del sistema por el que se percibieron estas remuneraciones. En la primera causa el Ministerio Público pide para él otros 4 años de prisión como «inductor y cooperador necesario» para que Crespo se embolsara 300.000 euros al año mientras que en la segunda apoya la absolución dictada por el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional recurrida ahora al Supremo .
Dos causas penales y dos criterios distintos por parte de otros tantos acusadores públicos: el primero, Luis Rodríguez Sol, que procede de Anticorrupción, y el segundo, Jaime Moreno Verdejo, de la Fiscalía del Supremo, y cuyo informe tendrá que estudiar el magistrado Juan Ramón Berdugo antes de decidir si confirma o revoca las absoluciones dictadas para Avilés, López Abad y todos los miembros de la comisión de control que también percibieron las dietas y que fueron encausados como partícipes a título lucrativo.
Un proceso donde el fiscal considera que la absolución se produce no porque los hechos no estén acreditados (crear una comisión de control de una participada de la CAM con los mismos miembros que los de la caja para poder burlar los límites en la asignación de dietas y elevar así la cuantía ) «sino por estimar que la partipación de ambos acusados (Avilés y López Abad) en los mismos y en particular en la toma de decisiones no está acreditada».
Así lo recoge el fiscal en el escrito en el que rechaza los recursos presentados por la Fundación CAM y por el Fondo de Garantía de Depósitos, las dos acusaciones particulares a las que el tribunal presidido por Teresa Palacios no consideró legitimadas, lo que le obligó a dictar una nueva sentencia, aunque también absolutoria, después de que el Supremo le enmendara la plana.
Para mantener que no hubo delito en la actuación de Avilés y López Abad se apoya el fiscal en la idea de que fue el penúltimo presidente de la CAM, el fallecido Vicente Sala, quien decidió crear la comisión que sirvió para pagar cerca de dos millones de euros en dietas y que fueron los órganos de la entidad los que lo aprobaron, con lo que ninguna responsabilidad puede exigírsele a los dos ex altos cargos.
Sostiene también Moreno Verdejo que dado que el Supremo no puede entrar a valorar de nuevo la prueba, únicamente queda ver si el análisis que hizo el tribunal «obedeció a criterios de racionalidad». Y concluye que así fue. «Los jueces no incurrieron en un ejercicio arbitrario de su función mediante una valoración probatoria incompleta, parcial y ajena a las reglas de la lógica».
Este fiscal tampoco ve delito de administración desleal en la concesión de créditos por parte de la caja a empresas de Avilés.
