El rastro que ha ido dejando la crisis conforme se iba alargando en el tiempo está configurando en los primeros compases de la recuperación un mercado laboral muy debilitado en Alicante, marcado por un elevado número de parados y un progresivo colectivo de «trabajadores pobres», según denuncian los sindicatos. En la provincia, más de 250.000 asalariados, de un total de 600.000, no perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de acuerdo con los datos de CC OO basados en las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT) que se corresponden con el ejercicio 2014. El SMI está fijado para este año en 655,20 euros al mes y en 9.172,80 anuales.
Y aunque el desempleo está dando en los últimos meses un respiro por el mantenimiento de las cifras récord en la actividad turística, el número de parados alicantinos continúa siendo elevado y crece cada mes el de los alicantinos sin trabajo que no cobran prestación alguna.
El pasado mes de marzo -último dato sobre las ayudas del paro- Alicante tenía registrados 199.751 desocupados y sólo 79.941 percibían alguna prestación. Por tanto, más de 100.000 parados sobreviven en la provincia sin ingresos, ni cobertura social. Las familias y las organizaciones humanitarias son, en la mayoría de los casos, la fuente de ayuda para salir adelante. «Es muy lamentable que uno de cada dos desempleados, aproximadamente, se encuentre en esta situación de desamparo», denunciaba Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
Tanto Yaissel Sánchez como José María Ruiz Olmos, responsable de comunicación de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, culpan del escenario laboral actual al aumento de la contratación a tiempo parcial y la temporalidad que impera en el mercado de trabajo, tras la crisis. Y insisten en reclamar un cambio del modelo productivo, menos sustentado sobre sectores como el turismo, «que ofrece empleo durante unos meses al año», y abogan por una mayor industrialización, «donde se generan trabajos más estables», añaden Sánchez y Ruiz Olmos.
Los sindicatos, y también los datos, son «tozudos». El último balance de contratación de la provincia reflejaba que uno de cada cuatro contratos apenas dura una semana, según denuncia UGT.
La precariedad laboral que ha conllevado la crisis se refleja, igualmente, en las retribuciones. El 40% de los asalariados provinciales no llega al SMI. Y si se suman los que se encuentran rozando el umbral de la pobreza, la cifra supera los 252.000, según UGT. El umbral de la pobreza se sitúa en torno a los 7.960 euros anuales. Es decir que dos de cada cinco trabajadores asalariados provinciales se encuentra en esta situación.
Pero entre los que tienen un salario más elevado, los 15.208 euros anuales que percibe la media de empleados de la provincia se sitúan muy por debajo de la media nacional (18.240) y de la autonómica (16.756), denuncia Yaissel Sánchez, quien apoya la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que España suba un 10% el SMI en los próximos tres años. «Nosotros venimos reclamando un aumento del 11% para que en 2017 el salario mínimo alcance los 800 euros mensuales, para ir aproximándonos a la media de la UE», añadía la dirigente sindical, quien advertía de que «estos bajos salarios, luegos tienen su repercusión en unas pensiones también ridículas».
