Aunque la Justicia sólo ha decidido actuar en el caso de Modesto Crespo, lo cierto es que los 640.000 euros en dietas que el expresidente de la CAM se embolsó entre los años 2009 y 2011 son sólo el ejemplo más extremo del sistema que la caja alicantina y otras entidades similares idearon para eludir las limitaciones que las autoridades -en el caso de la Comunidad, el Instituto Valenciano de Finanzas- y los propios estatutos de muchas de ellas imponían a la retribución de sus consejeros. Unos cargos en teoría honoríficos y gratuitos -dado el carácter social que tenían las cajas de ahorros, que debían destinar sus ganancias a labores benéficas-, por los que normalmente sólo se percibía una pequeña compensación por asistencia a las reuniones de los órganos de Gobierno.
El problema llegó a medida que las entidades empezaron a crecer y, con ellas, las posibles responsabilidades de sus consejeros -como ahora se ha visto con los expedientes instruidos por el Banco de España, donde se exponen a multas de hasta medio millón de euros cada uno-, lo que elevó las exigencias de los mismos. En un primer momento, la CAM trató de compensarles con lujosos viajes a los destinos más variados, con la excusa de celebrar allí las reuniones del consejo de administración. Unos encuentros a los que acudían con todos los gastos pagados, tanto para ellos, como para sus acompañantes.
Así, la ya extinta Caja del Mediterráneo llegó a reunir a su consejo y su comisión de control en lugares tan distantes como China, la India, Chicago, Praga, Lisboa o México sin ningún tipo de rubor. Sin embargo, las críticas que empezaron a surgir por la ostentación que suponía este gasto y la escasa repercusión real en los bolsillos de los afectados llevaron a la CAM a buscar otro mecanismo para mejorar las retribuciones de sus consejeros, sin cargarlo directamente a las cuentas de la entidad para evitarse problemas.
La solución que encontraron fue pagarles por su pertenencia a los consejos de administración de las empresas participadas que tenía la caja -principalmente Gesfinmed e Incomed-, de forma que fueran éstas las que se hicieran cargo del dispendio. Un sistema que ya había empezado a aplicar su rival Bancaja cuando la entidad alicantina decidió subirse al carro en el año 2005, para lo que incluso se revocó un acuerdo de la Asamblea General aprobado en 1999 que, precisamente, trataba de evitar esta práctica.
La CAM incluso creó un nuevo organismo que denominó «comisión de seguimiento» en otra de sus filiales -Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP)- para dar cabida a los miembros de la comisión de control. Unos hechos que también investigó la justicia y por los que fueron juzgados el exdirector general de la caja Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés. El tribunal, sin embargo, consideró que no se les podía culpar de apropiación indebida y ambos resultaron absueltos, aunque la sentencia esta recurrida.
Sextuplicaron sus ingresos
El resultado de este nuevo sistema fue que los ingresos de los consejeros de la CAM se multiplicaron por seis en pocos años. Así, si en 2004 cobraron en total 233.000 euros por todos los conceptos, en el último ejercicio completo antes de la interveción de la entidad, el correspondiente a 2010, se repartieron 1.497.000 euros, incluyendo los 300.000 que cobró Modesto Crespo. De esta cantidad, sólo 129.000 euros fueron por la asistencia a los consejos u otros órganos de gobierno de la propia caja, mientras que los restantes 1.368.000 euros salieron de las participadas. Eso sí, hay que aclarar que en los casos de Gestimed e Incomed al menos sí se celebraban los correspondientes consejos de administración, al contrario de lo que supuestamente ocurría en Tinser, la filial que pagaba a Modesto Crespo sus abultadas dietas, donde ni tan sólo se habrían producido estas reuniones.
Gracias a este mecanismo, los consejeros de la CAM pasaron de estar entre los peor pagados de todas las cajas de ahorros a ocupar una posición destacada en el pelotón de cabeza, junto a los responsables de entidades como La Caixa, Caja Madrid o la ya citada Bancaja, según la información que todas ellas remitieron en su momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Y lo más llamativo del caso es que buena parte de este incremento de pagos se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la entidad ya empezaba a tener problemas con los impagos de los cuantiosos préstamos que la entidad había concedido al sector de la construcción. Es más, el pleno 2008, mientras lanzaba al mercado sus polémicas cuotas para obtener liquidez, aprobaba una nueva subida de estas dietas.
