Solo frente a la posible responsabilidad civil subsidiaria. Así es como se ha quedado el Banco Sabadell en la causa que investiga la emisión y venta de preferentes de la CAM después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya exonerado a la Fundación CAM de responder por estos productos.
La juez acaba de dictar un auto en el que ratifica el cierre de la investigación que abrió su colega Javier Gómez Bermúdez sobre el modo en que se comercialización las cuotas participativas en las que miles de clientes de la caja vieron atrapados sus ahorros confirmando que el proceso únicamente continúa abierto en lo referente a las tres emisiones de preferentes que llevó a cabo la CAM en 2001, 2002 y 2009 y demás deuda subordinada. De su lanzamiento y el modo en que se colocaron estos títulos considera responsables a los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, a quienes pide juzgar por estafa y/o un delito relativo al mercado y a los consumidores y cuyos recursos contra esta decisión ha rechazado.
Lamela ha estimado, por contra, los argumentos de la Fundación CAM, citada en un principio como responsable civil subsidiaria junto al Sabadell, y de la que ahora dice que «debe quedar excluida del procedimiento». La heredera de la Obra Social de la caja ha mantenido la misma tesis que viene esgrimiendo en los pleitos civiles por las cuotas en el sentido de que sólo la entidad catalana puede ser declarada responsable civil «ya que fue ésta la que adquirió el Banco CAM que había comercializado participaciones preferentes y deuda subordinada y se había beneficiado con ello».
La instructora sostiene que tanto López Abad como Amorós «eran directivos de la CAM habiendo cometido los hechos que se les imputa en tal condición, lo que determina la responsabilidad civil subsidiaria del Sabadell». Y reitera lo ya afirmado en el auto de pase a procedimiento abreviado donde citaba las anomalías detectadas en las denominadas Preferentes Serie C, que tenían condiciones financieras más beneficiosas y que creó un conflicto de intereses sobre a qué clientes se les vendía un tipo u otro. Un problema que, según un informe de la CNMV en el que se apoya la magistrada, la CAM no gestionó bien y «benefició a determinados clientes en perjuicio de otros para beneficiarse a sí misma». Asegura que sólo en la comercialización de estas preferentes «a 5.540 clientes se les colocaron los productos menos beneficiosos por un importe global de 76.325.000 euros» y que, con la excusa de «diversificar la inversión», a otros 1.319 clientes se les vendieron más de 24,5 millones en productos que daban menos rentabilidad».
