Ninguna responsabilidad civil subsidiaria por la actuación de la última cúpula de CAM en la quiebra de la caja. Esto fue lo que ayer planteó en la Audiencia Nacional la Fundación CAM después de que la semana pasada la magistrada Carmen Lamela acordara fijar una fianza de 1.600 millones para responder solidariamente, junto al Banco Sabadell, por las acciones de los exresponsables de la caja acusados de falsear las cuentas y de asignarse retribuciones más elevadas de a las que tenían derecho. Ocho son los encausados en este proceso, entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de otros cinco exdirectores.
A primera hora de la mañana de ayer, los representantes legales de la Fundación presentaron un escrito en el juzgado de Lamela pidiendo la nulidad del auto en el que se acordaba la fianza de 1.600 millones cuando instantes antes la juez había rectificado de oficio y reducido a 25,6 el aval, como el viernes hizo en el caso del Sabadell.
En la resolución de ayer la magistrada concreta que así subsanaba el «error» cometido ya que únicamente dos acusaciones han pedido la responsabilidad civil del Sabadell y de la Fundación: la que representa el letrado murciano Diego de la Ramón, que reclama cerca de 20 millones de euros, y la de otro grupo de afectados por las cuotas que, bajo de la denominación Bon Llar S.L., están personados en el procedimiento y plantean que se les resarza en el algo más de 62.000 euros. La suma de ambas cifras más el tercio que marca la ley dan los 25, 6 millones que la juez reclama a la Fundación con carácter solidario junto al banco catalán.
Una cuantía con la que la heredera de la Obra Social no está de acuerdo ya que, en su opinión, en el peor de los casos, de no eximirles de toda responsabilidad, únicamente se le podría pedir que respondiera de los 62.000 euros que reclama Bon Llar (que se elevarían a cerca de 90.000 con el tercio) pero no a los 20 millones que pide de Ramón, cuya indemnización entiende que se tiene que concretar en ejecución de sentencia, como plantea el fiscal en su escrito de acusación. El Ministerio Público centra el posible daño por la compra de participativas en las operaciones realizadas entre marzo de 2011, cuando se publicaron las cuentas supuestamente falseadas de la caja, y julio de ese mismo año, fecha en que la CAM fue intervenida.
El resto de las transacciones eran objeto de otra pieza que abrió el primer instructor, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, y que ahora Lamela ha archivado dejando sólo la parte que afecta a preferentes y deuda subordinada. La decisión está recurrida.
