«Si esa tendencia ocurre, puede haber una fuga de inversiones». Así de contundente se expresaba el presidente de la patronal provincial del mármol, Juan Antonio Santo. Esa tendencia no es otra que la posible entrada de Podemos en el futuro Gobierno de España. Para Santo, «no se trata de abandonar, pero si tienes que hacer una inversión estratégica aquí que no es segura, que te condiciona, sobre todo, a la hora de abrir nuevas canteras, que son muy necesarias para el sector, el traslado a otros países donde encuentres mejores condiciones es una posibilidad. La deslocalización pasa por eso», advertía el representante de la industria marmolera.
Menos drástico, el empresario eldense del sector del calzado, que ha sido presidente de la patronal española del calzado (FICE), Juan José Sanchís, también alertaba sobre cambios de normativas, sobre todo laborales, con la entrada en el Gobierno del partido que lidera Pablo Iglesias.
Los costes para el calzado
Teme que si se modifica la actual legislación puedan aumentar los costes para los industriales del calzado. «Nosotros estamos ahora vendiendo los productos de la temporada otoño-invierno 2016 y 2017, y si hay cambio de normativas , puede afectar a los precios que estamos acordando ahora con otro Gobierno (en funciones) y otras leyes», explicaba Sanchís.
Otro pilar de la actividad económica provincial, como es la construcción, también se muestra expectante sobre la formación del nuevo Gobierno. Por el momento, las ventas, sobre todo en el negocio de la vivienda residencial y para extranjeros, funciona. También está repuntando la actividad, en general, «aunque está claro que los inversores y compradores necesitan estabilidad y tranquilidad», apuntaba Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores de Alicante (Provia). Y si la incertidumbre política se dilata en el tiempo «todo es una cadena y acaba afectando», añade Ros.
No a nivel de ventas, pero los promotores alicantinos sí detectan que el «impasse» nacional está repercutiendo a nivel local y aluden concretamente a que «se está triplicando la demora de la gestión municipal en la concesión de licencias de obra». Igualmente, muestran su preocupación por el retraso de la ley autonómica de la función social de la vivienda (alquileres) porque puede retraer inversiones.
