De 1.600 a 25,6 millones. Es la rebaja en la cantidad a la que como responsable civil subsidiario tiene que responder el Banco Sabadell en el marco del proceso donde se va a juzgar a la última cúpula de la CAM por el supuesto falseo de las cuentas y la presunta asignación de retribuciones indebidas al calcularse sobre una bonanza financiera que era irreal. Una causa en la que se piden penas de prisión que llegan hasta los 17 años.

Apenas veinticuatro horas después de notificarse la apertura de juicio contra el último presidente de la caja, Modesto Crespo, y siete exdirectivos (los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós entre ellos), la magistrada Carmen Lamela tuvo que dictar ayer otro auto para «rectificar el error material manifiesto» cometido al fijar una responsabilidad civil subsidiaria para la entidad catalana de cerca de 1.600 millones, la más alta de las impuestas en procesos bancarios y una de la más elevadas del sistema judicial español.

En respuesta a un escrito presentado por el Sabadell el mismo miércoles por la tarde reclamando una aclaración, la instructora explicó ayer que, «efectivamente», las únicas partes que solicitan la responsabilidad subsidiaria de la entidad catalana son Bon Llar S. L. (una asociación de cuotapartícipes) y Diego de Ramón (que representa a cerca de un millar de afectados por la compra de estos productos) quienes reclaman respectivamente 62.545 y 19.161.832 euros. La cifra final de los 25.632.503 exigida al Sabadell subsidiariamente (en el supuesto de que no la cubrieran los acusados y la aseguradora Caser) se obtiene de sumar ambas reclamaciones más el incremento de un tercio, tal y como viene dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La juez también corrige la fianza en lo que respecta a Salvador Ochoa, exdirector de Información Financiera a quien le rebaja el aval solidario de los 1.600 millones a 387.156.600 al no haber sido acusado por el Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad que saneó la CAM para su posterior venta al Sabadell por un euro y la acusación que, con 1.200 millones, mayor indemnización reclama a los acusados (excepto a Vicente Soriano, además de a Ochoa, a los que no acusa) con la responsabilidad civil directa de la aseguradora Caser. La compañía tenía contratada con la caja una póliza de responsabilidad para sus directivos con un límite de 15 millones por siniestro.

Incidente de nulidad

Mientras el Sabadell ya ha logrado que la juez baje a 25,6 millones la responsabilidad civil subsidiaria, la Fundación CAM, a la que el auto de ayer no cita, está elaborando un escrito que el lunes presentarán en el juzgado donde piden la nulidad del de apertura de juicio (que no admite recurso) o, en su defecto, una aclaración, según precisaron ayer a este diario los abogados de la sucesora de la Obra Social de la caja.

Los letrados señalaron que únicamente Bon Llar pide su responsabilidad civil subsidiaria compartida con el Sabadell, pero lo cierto es que también lo solicita el letrado Diego de Ramón, al igual que al banco, así como el fiscal en relación con los afectados por la comercialización de las cuotas para las operaciones comprendidas entre las 13,03 horas del 1 de marzo y el 22 de julio de ese año, aunque en este caso la cantidad se fijará en fase de ejecución de sentencia, según recoge en su escrito.