La magistrada Carmen Lamela acaba de archivar la investigación que desde hace cuatro años llevaba abierta en la Audiencia Nacional para determinar si hubo delito en la emisión y comercialización de las cuotas participativas de la CAM, un producto financiero complejo con características similares a las acciones pero, a diferencia de éstas, sin derecho a voto, y con el que se buscaba la recapitalización de la entidad. La instructora, que pocos días antes había decidido acumular esta pieza a la denominada principal de las abiertas por la gestión de la caja (la que indaga el presunto falseo de las cuentas por parte de su última cúpula) para, a continuación y vista la oposición de todas las partes, volver a desunirlas, sorprendió a propios y extraños dando carpetazo al asunto de las cuotas y permitiendo, por contra, seguir adelante con las pesquisas sobre las preferentes. Unos valores a cuyos titulares, a diferencia de lo que ocurrió con los de las cuotas, el Sabadell (tras hacerse con el negocio financiero de la CAM y, por ende, con su cartera de clientes) propuso su canje por acciones, oferta que aceptaron mayoritariamente.
Con todo, la magistrada ha optado por seguir adelante con un asunto en el que a estas alturas probablemente no haya damnificados (lo que no es óbice, también es cierto, para que exista un castigo penal a quienes lanzaron y comercializaron las preferentes) mientras que deja sin respuesta a cuotapartícipes que no han tenido tanta suerte y siguen con sus ahorros hipotecados en unos títulos sin valor alguno.
Pero hay más. La precipitada decisión de zanjar este asunto se ha producido cuando aún está pendiente que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso que ha presentado Diego de Ramón, el abogado del millar de afectados que recurrieron a este órgano judicial, contra el acuerdo de Lamela de suprimir el muestreo sobre el perfil de los compradores de cuotas. Una prueba planteada por el primer instructor de la causa, Javier Gómez Bermúdez, y ordenada por su sustituto y antecesor de Lamela, el magistrado Juan Pablo González, con la que se pretendía averiguar si, tal y como mantienen los damnificados, se vendió un producto complejo a pequeños ahorradores que en realidad no sabían lo que estaban comprando. Un informe que tanto la magistrada como el fiscal consideran innecesario y reiterativo cuando ningún estudio sobre este aspecto consta en el procedimiento, sino sólo datos estadísticos aportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e Iberclear que recogen quiénes y en qué momento se realizaron las operaciones, pero que nada dicen acerca del perfil inversor del cuotapartícipe ni si de eso puede deducirse que fueron estafados.
Investigados y exonerados
Dado que la acumulación de la pieza de las cuotas a la principal se acordó sobre la base de que los investigados eran los mismos, y así se les evitaba un juicio paralelo, sorprende que en el auto de archivo se procese, en cuanto a las preferentes, a los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, se exonere a los exdirectores Vicente Soriano, Francisco Martínez y Juan Luis Sabater y nada de diga, ni en un sentido ni en otro, del expresidente Modesto Crespo y del exdirector Salvador Ochoa, que completan el listado de acusados en la causa del falseo contable y que en estos momentosse encuentran en un limbo que con toda seguridad tendrá que ser aclarado por la juez. Pendiente queda eso y también la respuesta al recurso contra el archivo que ha interpuesto De Ramón, quien mantiene que existen suficientes indicios de criminalidad en el modo en que se comercializaron las cuotas.
