«Los directivos de la CAM llevaron a cabo una verdadera estrategia dolosa y agresiva dirigida a la venta a toda costa de este producto financiero complejo como son las cuotas participativas, eludiendo y desinformando a los clientes de su verdadera naturaleza y riesgos, estrategia que tuvo gran éxito para desgracia de los afectados, engañando a decenas de miles de clientes minoristas que invirtieron sus ahorros, muchos de ellos los de toda su vida, en un producto que no era apto para su perfil inversor y que finalmente ha derivado en la pérdida del dinero invertido». Con esta claridad se ha dirigido el abogado Diego de Ramón, representante en la Audiencia Nacional de cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada, a la magistrada Carmen Lamela, quien la pasada semana acordó el archivo de este proceso en lo relativo a las cuotas.
En su recurso contra esta decisión, que de ratificarla la juez tendrá que acabar tomando cartas en el asunto la sala de lo Penal de la Audiencia, De Ramón recuerda que aún está pendiente de realizarse el muestro sobre el perfil de los compradores de cuotas que encargó el anterior instructor y que Lamela ha suprimido al considerar innecesaria la prueba. Una decisión que el letrado recurrió en apelación y que está pendiente de resolución.
Para el letrado, «existen suficientes delitos de criminalidad en la comercialización de las cuotas» como para no cerrar la esta pieza. Y cita como prueba la circular interna de comercialización del 11 de junio de 2009, «que elaboró la dirección general adjunta y que se distribuyó entre la red comercial de oficinas de la CAM que acreditaría la existencia de una estrategia preconcebida en la venta de dichos productos financieros a personas no idóneas para su adquisición», así como la «la existencia de una serie de irregularidades en su comercialización que se recogen en un informe emitido el 14 de febrero de 2012». Insiste De Ramón en que no se trata de investigar la emisión en 2008, cuando los estados financieros sí respondían a la realidad contable de la CAM, sino «los delitos producidos en la fase de comercialización en relación a la información suministrada a los clientes». El letrado considera además que por el presunto falseo de las cuentas del que está acusada la última cúpula de la entidad estarían afectados todos los que compraron cuotas entre 2010 y 2011.
