Los doce millones de euros que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó pagaron a finales del pasado octubre para salir de prisión fue el detonante de una investigación que ha concluido que, en contra de lo que vienen manteniendo los hoteleros, sí tienen «capacidad financiera suficiente» para hacer frente a las fianzas de 628 millones impuestas en el proceso abierto por los créditos que Bancaja les concedió para negocios en el Caribe mexicano. Una causa por la que estuvieron en la cárcel cuatro meses y que provocó la detención de quienes fueran las cúpulas directivas de Bancaja y el Banco de Valencia, a cuyo frente estaba el exjefe del Consell José Luis Olivas.
El instructor cifró en 250 millones el daño que los empresarios causaron a las dos entidades que financiaron sus proyectos en el Caribe, les imputó los delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales y fijó sendas fianzas de 628 millones para garantizar las responsabilidades civiles en el caso de que así lo dictamine un tribunal. Un importe al que Ferri y Baldó han mantenido que no podían hacer frente al tener todos sus bienes bloqueados por otro procedimiento penal: el que se sigue en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional por los negocios que también en el Caribe hicieron con la CAM a través de Valfensal.
La investigación encargada por el juez acerca de la procedencia de los 12.000 euros que Ferri y Baldó pagaron el 29 de octubre para salir de Soto del Real ha llevado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta dos sociedades a través de las cuales se explotan dos importantes establecimientos hoteleros situados en las principales zonas turísticas del México. Los agentes concluyen que los ingresos procedentes de estos dos negocios y las «importantes inversiones» que los empresarios tienen en aquel país «hace plausible que los recursos empleados para realizar el pago de las fianzas (para salir de prisión) puedan derivar directamente de la vinculación de estos intereses económicos existiendo por tanto una capacidad financiera suficiente para hacer frente a los pagos impuestos» en la marco de la causa que investiga los créditos de Bancaja.
Las fianzas para abandonar la prisión fueron ingresadas en el juzgado mediante dos talones bancarios después de que los empresarios hicieran una transferencia desde una entidad financiera mexicana a la sociedad Inversiones Hoteleras Caribeñas, como ahora se llama la antigua Valfensal. Los agentes afirman que las dos sociedades que aparecen en los justificantes bancarios fueron constituidas en el grupo hotelero Sandos para centralizar la explotación de los establecimientos que compraron en el Caribe con financiación de la CAM.
