Aguantan hasta que no pueden más, pero el endeudamiento les aboca al cierre o les impide mantenerse en el mercado por sí solas y recurren al proceso concursal para reestructurar su deuda. En esta situación se encontraban el pasado año 1.538 empresas alicantinas que tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) incapaces de hacer frente al pago de salarios o indemnizaciones que debían a sus trabajadores.
Los sindicatos denuncian que, aunque se ha reducido el número en relación a otros años «todavía son muchas las que se acogen a esta vía para pagar lo que adeudan a sus plantillas», subrayaba Yaissel Sánchez, responsable de Empleo, de UGT en l'Alacantí-La Marina. «La mayoría cierra y otras presentan concurso de acreedores para intentar solucionar los problemas económicos que atraviesan», especificaba Sánchez.
En 2015, las que recurrieron al Fogasa por su insolvencia adeudaban a sus trabajadores (5.005) más de 33,6 millones, de los cuales el 65% se correspondía con indemnizaciones (22 millones). El resto del importe era impago de salarios (11,6 millones), según el balance del Fondo relativo al ejercicio de 2015.
Tanto CC OO como UGT inciden en que estos datos «ponen en evidencia que la reactivación de la que tanto se habla, al final, no llega a las empresas, ya que hay un número elevado que aún tiene que utilizar esta vía», planteaba UGT. Por su parte, CC OO ponía el acento en el hecho de que, aunque el pasado año fueron menos los empleados afectados por los expedientes que sus empresas presentaron al Fogasa, no indica una recuperación del mercado laboral alicantino.
«Al contrario, lo que viene a reflejar es que las plantillas se han ajustado durante la crisis y que cada vez hay más personas trabajando en precario, con contratos parciales», señalaba José María Ruiz Olmos, responsable de comunicación de CC OO en l'Alacantí-Les Marines.
En total, el Fondo tramitó en 2015 más de 3.300 expedientes que afectaron a 5.005 empleados alicantinos. Estas cifras son muy similares a las del primer año de la crisis. De hecho, en 2008, fueron 1.167 las empresas que recurrieron a este organismo por unos impagos de retribuciones de 33,5 millones a 5.439 trabajadores. Lejos quedan las cifras de los perores años de la recesión. Las 3.373 compañías y los más de 9.500 empleados afectados en 2009 o los 5.640 expedientes tramitados por el Fogasa en 2014 y los 16.259 trabajadores a los que se les debían salarios.
Refuerzo de personal
Los sindicatos atribuyen el descenso registrado en 2015 a que «dio sus frutos la presión que hicimos los sindicatos para desatascar el volumen de expedientes en el Fondo para que los trabajadores pudieran cobrar y el Ministerio de Empleo reforzó el personal», subraya Yaissel Sánchez.
En uno de los años más duros de la crisis, en 2011, el Fogasa tardaba más de cinco meses en abonar los importes. Aquel año había en el Fondo una plantilla de 15 empleados que podían tramitar unos 2.000 expedientes al año. Y fueron más de 9.000 los registrados en aquel ejercicio, por lo que el Fogasa tuvo que reforzar el personal.
Por su parte, Ruiz Olmos reiteraba que el número de empleados que tienen que esperar a cobrar los salarios o indemnizaciones por la insolvencia de las compañías para las que trabajaban obedece «a que las empresas han adelgazado mucho sus plantillas», por lo que «obviamente son menos los empleados afectados».
