Corría febrero del año 2002 cuando el entonces presidente de Coepa, Joaquín Rocamora, el alcalde de Alicante de la época, Luis Díaz Alperi, y el conseller de Economía Vicente Rambla colocaban con todo boato la primera piedra de lo que entonces se denominaba simulador de riesgos laborales de la construcción y que, con el tiempo, acabaría siendo el centro de oficios de la patronal. La economía llevaba ocho años consecutivos de un crecimiento cada vez más acelerado, la puesta en marcha del euro había rebajado los tipos de interés hasta niveles desconocidos en España y las administraciones no escatimaban en gastos.
Nada hacía presagiar entonces que el proyecto de la confederación empresarial alicantina -una más de las muchas inciativas públicas y privadas que en aquella época se pusieron en marcha- iba a convertirse 14 años después en una auténtica pesadilla, que amenaza con llevarla a la quiebra. Y todo porque Coepa es incapaz de devolver los 3,9 millones de euros que la Generalitat le prestó a través del Instituto Valenciano para construir el centro.
La patronal se vio obligada a acogerse en noviembre al preconcurso para detener la solicitud de ejecución del crédito que el IVF interpuso en el juzgado y ahora debe encontrar una solución o negociar una prórroga antes del próximo jueves, si no quiere entrar definitivamente en lo que antiguamente se denominaba suspensión de pagos.
Pero en 2002 todo parecía color de rosa. Como insisten hoy en día los responsables de Coepa, el centro surgió de un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento de Alicante, que cedió el suelo por un periodo de 30 años; la Generalitat, que se comprometió a financiar la obra y a dotar de contenido el centro -es decir, a proporcionar los cursos-; y la patronal, que se encargaría de la gestión. Las instalaciones también recibieron hasta 1,7 millones en ayudas a fondo perdido del propio Consell y de la Unión Europea.
Todo un ejemplo de colaboración público-privada, muy de moda en aquellos años, que también supuso el inicio de las tensiones entre el empresariado alicantino porque el centro chocaba de lleno con el proyecto similar que la patronal del metal, Fempa, había aprobado en el año 1999. Un conflicto que sigue enquistado a día de hoy, cuando la organización sectorial ha sido expulsada de los órganos de gobierno de Coepa por sus críticas continuadas a los gestores de la patronal.
Después de aquella primera piedra, la construcción del centro de oficios se prolongó durante ocho años más en cuatro fases distintas, que iban ampliando el recinto con nuevas aulas e instalaciones, como un salón de conferencias, hasta alcanzar los 6.800 metros cuadrados construidos de la actualidad. El coste final se elevó hasta los 6,2 millones de euros que, gracias al crédito del IVF y las ayudas públicas, se iban pagando sin dificultad.
El maná de los cursos de formación subvencionados llegó a aportar a la patronal hasta seis millones de euros anuales, que facilitaban sustentar una plantilla de casi 80 personas en el conjunto de la patronal y buena parte de los gastos de funcionamiento. El problema llegó al estallar la crisis, cuando la Generalitat empezó a retrasarse en los pagos y, posteriormente, a reducir el volumen de dinero que destinaba a la formación para desempleados.
Hasta que el grifo se secó por completo el año pasado, cuando el Gobierno cambió el modelo para adjudicar los cursos de la Fundación Tripartita -para ocupados- y el Consell tampoco adjudicó ni un sólo euro a Coepa que, a pesar de ello, mantiene que aún tiene cierta actividad en el edificio.
Por eso, en las últimas semanas los responsables de la patronal, incluido su ya expresidente Moisés Jiménez, que dimitió el pasado miércoles, insisten en culpar al Ejecutivo autonómico de su desgracia ya que consideran que la Generalitat no ha cumplido su parte del acuerdo original.
Sin embargo, esta acusación resulta difícil de sostener ante un tribunal o cualquier organismo de arbitraje porque nunca se firmó ningún documento en el que quedara registrado que la Generalitat tenía obligación de dotar de contenido las instalaciones, un error que se encarga de destacar el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, también expulsado el año pasado de la confederación por sus enfrentamientos con la junta directiva. A nadie le pareció necesario en el año 2002 porque la simbiosis entre el partido que gobernaba en la Generalitat Valenciana y en prácticamente todas las administraciones de la zona -el PP- y el empresariado alicantino era tan fuerte que jamás se pensó que les dejarían en la estacada.
Ahora los dirigentes de la patronal se sienten traicionados por el último Consell de los populares -que fue el que inició los trámites para solicitar el embargo de Coepa- y también por el nuevo Ejecutivo encabezado por Ximo Puig, al que le reclaman, sin demasiado éxito, que cumpla aquel pacto de caballeros.
Tanto Fempa, como Cepyme también han criticado la demora de la patronal a la hora de asumir su situación y de solicitar el concurso de acreedores. Las organizaciones críticas sostienen que el momento adecuado fue en 2012, cuando esta figura hubiera ayudado realmente a sanear las cuentas sin necesidad de que la confederación perdiera su patrimonio. Ese año la Generalitat debía a la organización más de siete millones de euros -principalmente por cursos de formación- y, según estas asociaciones, se podría haber propiciado una compensación de deudas con los tres millones que se debían al Instituto Valenciano de Finanzas. Al mismo tiempo, se podría haber negociado una quita con el resto de la deuda a proveedores.
El empeño de los gestores por seguir adelante y no pasar por esa situación es la que ahora ha llevado a la patronal a una situación insostenible, aseguran Cepyme y Fempa. Sin embargo, quien tomó esa decisión y quien ahora debe sostenerla -es decir, el expresidente Moisés Jiménez y el actual presidente estatutario de Coepa, Francisco Gómez- señalan que en 2012 aún existían posibilidades de saldar todos los impagos.
Así, destacan que se ha liquidado toda la deuda financiera y con proveedores, que rondaba los cinco millones de euros, aunque para ello Coepa haya tenido que desprenderse de su histórica sede frente al Teatro Principal de Alicante, vendida a un inversor extranjero. Los trabajadores de la patronal ocupan ahora las dependencias conocidas como Coepa Puerta 10, en la calle Orense de Alicante, que en realidad son patrimonio del Estado.
Lo cierto es que cometieron un notable error de cálculo ya que, en todo momento, dieron por hecho que el IVF aceptaría una dación en pago y se quedaría el centro de oficios a cambio de la deuda de 3,9 millones. El problema es que el banco público del Consell también está en apuros y que sería casi imposible justificar la aceptación de un edificio que está ubicado en una parcela cedida, que debe devolverse al Ayuntamiento dentro de 15 años. ¿Quién querría comprarlo? De ahí, que la Generalitat pretenda que sea el propio consistorio el que se lo quede. Está por ver si lo consigue.
