El convenio que iban a firmar la Sareb, también conocida como «banco malo», y la Generalitat para la cesión de más de 300 viviendas para alquiler social no tiene visos de llegar a buen puerto. Si hace unos días era la consellera María José Salvador la que calificaba de «draconianas» las condiciones impuestas por la entidad para alcanzar un acuerdo, ayer fue el presidente de esta última, Jaime Echegoyen, quien dejaba claro en Alicante que no piensa moverse ni un ápice de sus posiciones, que ya han aceptado otras nueve autonomías. Y todo a cuenta de los ocupas que residen en algunos de los inmuebles que formarían parte de este paquete, de los que el Consell tendría que hacerse cargo.
En concreto, el convenio que la Sareb ha ofrecido a todos los gobiernos autonómicos incluye la posibilidad de que hasta un 50% de los inmuebles cedidos cuenten con inquilinos ilegales -en la mayor parte, los antiguos propietarios que no tienen otro lugar al que marcharse-, lo que no significa que finalmente se alcance esa cifra. Esto dependerá, según explican desde la institución, del estado del parque de viviendas que tenga el «banco malo» en las zonas donde el Consell solicite esos pisos y de la disponibilidad de los mismos.
Para la Sareb, se trata de un acuerdo con el que todos ganan, ya que la entidad contribuye a aliviar el problema de la falta de viviendas sociales y, al mismo tiempo, la Generalitat buscaría una solución para estos inquilinos de los que, al fin y al cabo, se tendría que hacer cargo si fueran desahuciados, aseguran. Otra de las condiciones también exige que el Ejecutivo autonómico se haga cargo de la mitad del coste de adecentar las casas, que se cederían por tres años.
La consellera Salvador ya ha señalado públicamente en dos ocasiones su rechazo a la propuesta y acusa a la Sareb de querer sacar provecho de la situación. Sin embargo, el presidente de la entidad no lo ve así y destaca que las condiciones «son las mismas que han aceptado otras nueve autonomías y dos ayuntamientos», los de Madrid y Barcelona, en manos de partidos surgidos de las plataformas antidesahucios. «No nos parece razonable que exijan unas condiciones distintas al resto», señaló Jaime Echegoyen, tras la conferencia que ofreció en Alicante con motivo de los actos para conmemorar la inauguración de la nueva sede del Colegio de Economistas.
«Entendemos que son las instituciones públicas las que tienen las armas y el conocimiento para resolver una situación como es la ocupación ilegal de una vivienda, nosotros no lo haríamos bien», apuntó Echegoyen, quien insistió en que no se va a cambiar la propuesta.«Otras administraciones ya están resolviendo problemas, en vez de decir que no se puede hacer», recalcó, en una clara crítica a la actitud que mantiene el Consell.
Pérdidas
En cuanto a las críticas por el corto plazo de la cesión y que no se traspase la propiedad a las administraciones, Echegoyen recordó que la Sareb es una «empresa privada», que tiene el mandado de liquidar unos activos «al mejor precio posible», por lo que no puede «regalar viviendas». En este sentido, durante su conferencia, Echegoyen reconoció que el banco malo pagó muchos de los activos que recibió de las entidades rescatadas por encima de su valor, lo que le obligará este año a reconocer cuantiosas pérdidas.
