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La acusación popular reclama 16 años para la excúpula de la CAM por falsear las cuentas

El abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de un millar de afectados, hace suyas las conclusiones del instructor y acusa a ocho exresponsables de la caja de maquillar la contabilidad para beneficiarse

La acusación popular reclama 16 años para la excúpula de la CAM

Dieciséis años de prisión por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de las cuentas anuales. Es la pena que para cada uno de los ocho exresponsables de la CAM contra los que el magistrado Javier Gómez Bermúdez abrió juicio oral en la denominada pieza principal acaba de solicitar el letrado Diego de Ramón, quien en este procedimiento representa a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas participativas.

La popular ha sido la primera de las acusaciones que ha presentado el escrito después de que la magistrada Carmen Lamela, quien en la actualidad se encuentra al frente del juzgado de Gómez Bermúdez, diera un plazo de dos semanas a las partes para que formularan sus imputaciones.

De Ramón, que hace suyos los argumentos que aparecían en el auto en el que se procesó a los ochos acusados, mantiene que el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa alteraron la contabilidad de la caja de los ejercicios 2010 y 2011 reflejando beneficios cuando en realidad había pérdidas.

Según recoge en su escrito, este presunto falseo de las cuentas «se hizo en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP y posterior difusión con otras cajas de ahorro para diluir el verdadero estado de la caja y así poder cobrar los incentivos por los resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad, ocasionando así un perjuicio».

En concreto hace alusión a los balances de 2011, donde se «aparentaron» unos beneficios de 60 millones cuando las pérdidas eran de 1.136 millones. El letrado sostiene que al ser remitidos estos datos al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los publicó, «agravaron la situación de insolvencia de la entidad, perjudicó a los inversores (en referencia a los compradores de cuotas y preferentes) y demoró la adopción de medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español».

El abogado de los cuotapartícipes que en su día decidieron llevar su situación ante la Audiencia Nacional no se olvida del papel que jugaron las titulizaciones (la venta de créditos fallidos pero con opción de recompra, con lo que la caja se desprendía ficticiamente del riesgo) ni de los más de 47 millones que miembros del comité de dirección «cobraron indebidamente por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de la prima pagada a la aseguradora Caser».

De Ramón recuerda en su escrito de acusación el expediente sancionador abierto por la CNMV «por omisiones o datos engañosos», paralizado hasta que resuelva la causa penal, e insiste en que con la emisión de las polémicas cuotas participativas (hoy sin ningún valor) lo que buscaban los entonces responsables de la caja era que los propios clientes facilitaran liquidez a la entidad.

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