La economía está dando en los últimos meses síntomas más que evidentes de recuperación. De la recesión se ha pasado a una senda expansiva. Poco a poco, el consumo empieza a despegar, el ladrillo comienza a salir de su letargo, y las previsiones apuntan a que la Comunidad Valenciana podría haber cerrado 2015 con un crecimiento del 3,5%, volviéndose a colocar así el PIB autonómico por encima de los 100.000 millones de euros. Con estos puntos de partida, lo lógico sería pensar que la recaudación fiscal también debe ir al alza y, de hecho, el Consell, en sus presupuestos, apunta hacia una subida del IVA del 17,27% respecto a las cuentas del 2015, y otras del IRPF del 4,36%. Otra cosa es lo que ocurre con los tributos que gestiona directamente la Generalitat, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el que se paga en la compraventas de vivienda de segunda mano; el especial sobre determinados medios de transporte, más conocido como impuesto de matriculación; el de sucesiones y donaciones; o el de hidrocarburos. Ahí, pese al optimismo que se desprende de los datos macroeconómicos, el Ejecutivo autonómico prevé una bajada generalizada sobre lo presupuestado en 2015. Sólo en el Impuesto sobre el Patrimonio acabará creciendo a lo largo de este año que ha empezado, en un 17,7%, lo que supondrá que la recaudación sobrepase los 136 millones de euros. Así se desprende del documento que ha publicado el Ministerio de Hacienda sobre los proyectos de presupuestos generales de las comunidad autónomas. Del cruce de datos del informe, además, se pone de manifiesto que, salvo en el caso del impuesto de patrimonio, donde esa subida del 17,7% está muy por encima del 3,6% que se prevé de media en el resto de España, la Comunidad hace unas proyecciones mucho más contenidas que el resto de regiones.
Esa estimación al alza del tributo que grava los patrimonios, de hecho, no es casual. El límite exento se ha rebajado de 700.000 a 600.000 euros, y eso, unido a la subida de los tipos y a la campaña contra el fraude promovida por Gobierno de Puig y Oltra, explican esas previsiones tan optimistas.
A partir de ahí, las cosas cambian con el impuesto de sucesiones y donaciones, donde se prevé una caída de los ingresos del 8,6%, bastante superior a la del 2,7% de la media estatal; o con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donde la bajada es del 2,9%, frente al crecimiento del 7,27% que se plantea en la media de todas las comunidades que han presentado sus presupuestos. También se estiman descensos en el impuesto de matriculaciones, del 38,6% frente al 28,7% de la media del resto de regiones; y en el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, del 23,5%, frente al 7,2% de la media.
Eso no quita para que, como se alerta en el propio documento, y atendiendo a la ejecución de los últimos datos de 2015, no pudieran producirse algunas «desviaciones». Desviaciones éstas, por otro lado, que, según los expertos, deberían ser al alza, de mantenerse la actual situación, y siempre y cuando la coyuntura internacional lo permita y la inestabilidad política no haga de freno.
Sea como sea, desde la Conselleria de Hacienda justifican estos datos a la baja alegando que lo que han tratado de hacer es una previsión de los ingresos desde la «prudencia», frente a lo que hacían sus antecesores en el Palau de la Generalitat, a los que acusan de «hinchar» los ingresos para que les salieran las cuentas. En este sentido, concretan que, para hacer las proyecciones, tienen en cuenta los datos de los derechos reconocidos -los impuestos que se han devengado, al margen de que se hayan cobrado- de agosto a agosto, ya que es en el mes de septiembre cuando se empieza a trabajar en las cuentas, y a eso se le aplica el IPC u otros indicadores de actividad, en función del tipo de tributo. No obstante, desde el departamento que dirige Vicent Soler ponen el acento en una cuestión muy clara con la que quieren desmarcarse de anteriores gobiernos del PP. Y lo hacen poniendo el acento en que en esas etapas también se hacían desde el área de Tributos las previsiones tomando como referencia los derechos reconocidos, pero luego, cuando llegaban a la Dirección General de Presupuestos, esos datos «se cocinaban» para cuadrar las cuentas, sostienen desde Hacienda. A modo de ejemplo, y más allá de los tributos en sí, recriminan a los populares en los ingresos por venta de patrimonio y por enajenación de inversiones reales se presupuestaran ingresos por valor de 17 y 150 millones de euros respectivamente para 2015, o que en las tasas se haya registrado una desviación de 200 millones.
En cualquier caso, y más allá de las optimistas previsiones de anteriores Ejecutivos valencianos, lo cierto y real, es que, al final, cada impuesto tiene sus particularidades. Por ejemplo, el de sucesiones y donaciones suele ser de los más complicados de estimar. Se pueden manejar estadísticas de las personas que pueden fallecer en un año, pero no si esas personas tendrán más o menos patrimonio. A eso se suma que la reducción de la bonificación del 99% al 75% hizo que en los últimos años se aceleraran muchas donaciones para anticiparse a esa subida.
Precisamente las bonificaciones en sí o los cambios fiscales que puede anunciar un gobierno autonómico en un momento determinado explica en muchos casos las diferencias en las previsiones que se pueden producir en una u otra autonomía, más allá de la situación económica o los datos de las liquidaciones de los ejercicios anteriores.
Sin embargo, esas diferencias, en opinión de los economistas, no sólo tienen incidencia sobre el papel. La inmensa mayoría coincide en que este sistema potencia las desigualdades entre comunidades, e incluso roza la inconsticionalidad. Al respecto, el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Ropero, explica que buena muestra de esas desigualdades es el impuesto de sucesiones y donaciones y la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea de 2014, que puso el foco sobre la discriminación que se producía sobre un ciudadano de la UE al que se le aplicaba el tipo estatal, muy superior al valenciano. «Las desigualdades en los tributos son contrarios a la tendencia de la Unión Europea», sentencia. Por eso, cuestiona que, pese a que sí se ha corregido esa discriminación hacia los residentes europeos, no se haya actuado igual con los residentes españoles de otras comunidades autónomas.
El delegado en Alicante de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, Francisco José Soler Obrero, se muestra en términos similares. «Es muy injusta la diferencia que se ha establecido entre españoles, porque en función de la comunidad autónoma se puede pagar más o menos por un mismo hecho o ni siquiera pagar. Hay que establecer unas líneas generales para todos», indica en tono muy crítico. A su juicio, la salida pasa por una mayor uniformidad entre regiones, más allá de que la gestión de estos impuestos pueda estar en manos de los gobiernos autonómicos, y reivindica más estabilidad normativa. «No es lógico que haya que esperar a final de año para saber lo que vas a pagar, porque siempre suele haber cambios normativos. Para que la gente se pueda concienciar de que es necesario pagar impuestos y para evitar errores, los impuestos deben ser conocidos y que el ciudadano se pueda hacer una planificación fiscal», detalla el delegado en Alicante de esta asociación. Eso sí, marca una línea muy clara con los defraudadores. «Con las personas que por norma no pagan hay que ser duros, pero hay mucha gente que no tiene asesoramiento profesional y a la que le resulta muy complicado seguir todos los cambios tributarios que se producen», apostilla.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Ángel Sánchez, da un paso más. Ya no sólo es una cuestión de desigualdad. También es un problema de competencia entre comunidades autónomas, pero a la baja. De lo que se trata es de bajar impuestos como sucesiones y donaciones o patrimonio, para atraer a contribuyentes que sí paguen en esas autonomías otros impuestos con los que se hace más caja, como el IRPF o el IVA. «El impuesto de sucesiones se paga una vez, pero el IRPF todos los años», comenta de forma muy ilustrativa. «Esta situación es discriminatoria y, además, tiene efectos económicos, porque produce una distorsión del sistema, con determinadas actividades económicas que se mueven buscando pagar menos impuestos», avisa. Otra cosa es el de transmisiones. Las viviendas no se pueden mover de una a otra comunidad.
