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La recuperación se acelera

La reactivación del consumo marca un año en el que el bajo precio del petróleo y la devaluación del euro han permitido a la economía crecer más de lo esperado

Nadie apostaba el pasado mes de enero a que el ejercicio que ahora acaba se cerraría con un crecimiento del PIB del 3,2% en el conjunto del país, o del 3,5% en el caso de la Comunidad Valenciana. Ya entonces estaba claro que la recuperación iniciada en 2014 iba a continuar a lo largo de este ejercicio pero pocos esperaban que se acelerara de la forma en que lo ha hecho. Un «milagro» que ha sido posible gracias a la caída de más del 40% en el precio del petróleo y a la devaluación del euro, que han permitido un crecimiento continuado de las exportaciones y del sector turístico; pero, sobre todo, porque los alicantinos y el resto de los españoles han empezado a perder el miedo a comprar y a gastar dinero, lo que ha reactivado el consumo interno, el gran motor de la economía.

La prueba más palpable de este cambio de tendencia es la presente campaña navideña, en la que se espera hasta un 10% de aumento de las ventas con respecto al año pasado en los comercios, y en la que los restaurantes tenían llenos sus aforos para los días centrales de las fiestas con semanas de antelación.

Pero estas ganas de sacudirse la crisis de encima empezaron mucho antes y ya se dejaron sentir con claridad en Semana Santa, cuando los turistas nacionales abarrotaron los hoteles de la Costa Blanca. Una afluencia que se mantuvo también durante el verano, cuando la ocupación recuperó niveles desconocidos desde hace años en los principales municipios turísticos de la provincia, con picos de más del 93% en el caso de Benidorm.

Un aumento del consumo que también se refleja en las ventas de coches a particulares, que se han disparado más de un 25% a lo largo de este año, e incluso en la venta de viviendas, donde la demanda nacional empieza a dar señales de vida tras varios años desaparecida. De hecho, en el último trimestre las operaciones protagonizadas por españoles ya crecían al mismo ritmo -alrededor de un 16% en tasa interanual- que las de extranjeros, que fueron los que sostuvieron el mercado en los ejercicios anteriores, gracias a los precios de saldo que encontraban en las poblaciones costeras de la Vega Baja.

Tanto es así, que los promotores han acelerado también la puesta en marcha de nuevos proyectos, hasta el punto de que este año se han iniciado en la provincia cerca de 4.000 nuevas viviendas, una cifra desconocida desde 2009. Además, las grúas ya no se limitan a la costa sur de la provincia, como ocurrió durante 2013 y 2014, y son cada vez más frecuentes también en la Playa de San Juan, El Campello o los municipios de las Marinas.

Esta mejora de la actividad también ha permitido que en 2015 se acelerara la creación de empleo que ya se vió a lo largo de 2014. Así, a finales del pasado mes de noviembre la Seguridad Social contaba con 26.258 afiliados más que un año antes y la cifra de paro registrado había caído en más de 19.000 personas, frente al aumento de 23.700 cotizantes y el descenso de 16.900 inscritos que registraron las oficinas del Servef a lo largo del ejercicio anterior.

A pesar de ello, lo cierto es que el volumen de ocupados -unos 580.000- aún está muy por debajo del que se registraba antes de la crisis, cuando en la provincia trabajaban más de 700.000 personas. Además, casi todo el empleo creado es temporal y también sigue en aumento el trabajo a tiempo parcial, que copa cuatro de cada diez nuevas contrataciones.

Por eso a nadie le sorprende que el incremento medio de los salarios pactado en convenio se haya situado este año en mínimos históricos, con apenas un 0,60% en el caso de los acuerdos registrados en la provincia.

¿Cómo se explica entonces la mejora del consumo? La palabra clave que todo los expertos repiten es «confianza». Es decir, la creencia de que la situación ya no se deteriorará más y de que va a mejorar en un futuro cercano, lo que lleva a que aquellos que han logrado conservar un nivel de ingresos más o menos aceptable a lo largo de la crisis vuelvan a gastar.

También ha ayudado la mayor renta disponible que ha dejado en los bolsillos de los ciudadanos el abaratamiento de los carburantes y la caída de los precios, en general; la bajada de las hipotecas por el descenso del euríbor a mínimos históricos; o la entrada en vigor de la reforma fiscal, que permitió que las nóminas subieran sensiblemente a partir del pasado enero.

El problema, como se han cansado de denunciar los sindicatos a lo largo de todo este año, es la gran cantidad de personas que «se han quedado atrás». Es decir, que no han sido capaces de reciclarse y que encadenan ya varios años en el paro. Así, más de la mitad de los desocupados alicantinos son ya de larga duración y los que cobran alguna prestación han caído de 95.733 a 84.672.

Por si fuera poco, la nueva ayuda que los agentes sociales y el Gobierno pactaron para estos parados y que entró en vigor en enero no ha cumplido con sus objetivos, y apenas ha alcanzado a una sexta parte de las personas previstas.

Por otro lado y bajando a los casos concretos, en el año 2015 se han cerrado algunos asuntos que se arrastraban desde el ejercicio anterior, como la subasta de la cadena de clínicas oftalmológicas fundada por el doctor Alió, Vissum, que finalmente ha acabado en manos del Grupo Arpada, una promotora que ha diversificado su actividad hacia el sector sociosanitario. También ha sido el año en que el Supremo ha confirmado la nulidad del ERE que obligó a cerrar cuatro plantas de Coca-Cola, entre ellas la de Alicante, aunque los trabajadores no han logrado la reapertura de las fábricas.

La productora de tomates Bonny se vio obligada a pactar un ERE para ajustar su ritmo de trabajo a las exigencias de la exportación, tras romper con Mercadona; y Asisa salió del capital de los hospitales públicos de gestión privada de Elche y Torrevieja, que controla Ribera Salud, la firma que crearon la CAM y Bancaja para hacerse cargo de este tipo de centros auspiciados por la Generalitat y que hoy está en manos del Sabadell y de un fondo norteamericano.

También ha sido el año en que Alicante ha recuperado una institución extinguida hace décadas en la zona, la del monte de piedad, que permite obtener pequeños préstamos a cambio de dejar en prenda joyas y otros objetos de valor. Un tipo de entidad que en su día fue el origen de las cajas de ahorros y que ha regresado de la mano de dos instituciones foráneas -la Fundación Montemadrid y la Fundación Bancaja- mientras que la Fundación CAM todavía deshoja la margarita para decidir si entra o no entra en este negocio como forma de obtener ingresos para financiarse.

Por cierto, que la institución presidida por Matías Perez Such hizo público el conflico que mantiene con el Banco Sabadell por la titularidad de cerca de 3.000 obras de arte. Cuadro, documentos y legados que el banco se quedó al heredar el negocio financiero de Caja Mediterráneo y que la fundación cree que le pertenecen.

Dentro del ámbito financiero, también estuvo de actualidad la sanción que el Banco de España impuso a casi 40 consejeros de la Sociedad de Garantía Recíproca por permitir que la solvencia de la entidad avalista se viera comprometida, lo que obligó al Consell a reflotarla.

En el ámbito laboral también fue noticia el repunte del número de accidentes sufridos por los trabajadores de la provincia, de más de un 12%, que tuvo su máximo exponente cuando el pasado mes de octubre fallecieron dos personas en sendos siniestros ocurridos con menos de 24 horas de diferencia. Una de ellas era una sindicalista de CC OO que trabajaba en la fábrica de aluminio de Alicante. La Generalitat y la Inspección de Trabajo ya han pactado un incremento del número de controles en las empresas, que también se extenderá al abuso de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida.

Y en el ámbito del consumo, el año que acaba ha estado marcado por la nueva tarifa por horas de la luz, que entró en vigor en octubre y que permite ahorrar en la factura dependiendo de la hora a la que se ponga la lavadora o el horno, aunque sus efectos apenas se han dejado notar. También por la denominada «guerra de los cajeros» que obligó al Gobierno a regular la comisiones por su uso.

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