La Inspección de Trabajo impuso durante el año pasado más de 20,2 millones de euros en multas a las empresas de la provincia por las irregularidades detectadas en materia laboral, una cantidad un 1,9% superior a la del ejercicio anterior y que supone la tercera cifra más elevada de todo el país. En concreto, tan sólo las compañías madrileñas, con 36,3 millones de euros, y las barcelonesas, con 25,2 millones, recibieron sanciones mayores, lo que da una idea del elevado nivel de incumplimiento de la normativa que se registra en Alicante y también de la gravedad de las infracciones detectadas en la zona.
Tanto es así que desde el estallido de la crisis, en 2007, el importe de las sanciones impuestas en la provincia se ha disparado un 71% frente al aumento del 41% registrado en el conjunto del país, según se deduce de los datos contenidos en la memoria que acaba de hacer público este organismo, dependiente del Ministerio de Empleo.
En total, los 53 inspectores y subinspectores que trabajan en la provincia realizaron 36.608 actuaciones durante el año pasado, un 11,7% menos que en 2013, a pesar de lo cual detectaron prácticamente el mismo número de infracciones: 4.985. Eso sí, la gravedad de las mismas fue mayor ya que el importe de las multas pasó de los 19,8 a los 20,2 millones de euros.
De todas las intervenciones, las más numerosas fueron las destinadas a detectar irregularidades relacionadas con la normativa de la Seguridad Social y, dentro de éstas, las que persiguen combatir la economía sumergida. Así, las batidas y visitas realizadas por los inspectores -principalmente en polígonos industriales y explotaciones agrarias- permitieron detectar hasta 3.810 trabajadores que trabajaban sin contrato, de los que 96 eran extranjeros que, además, carecían de permiso de trabajo. Estas actuaciones, además de la obligación de dar de alta a los afectados, supusieron hasta 7,5 millones de euros en multas a las correspondientes empresas.
Bajas ficticias
También dentro de este ámbito de lucha contra la economía irregular, Trabajo detectó 1.344 casos de fraude en el pago de prestaciones de la Seguridad Social (bajas ficticias), que supusieron la retirada de las mismas a 712 trabajadores y la imposición de sanciones por valor de otros 5,8 millones de euros. En la misma línea, la Inspección también localizó hasta 608 trabajadores que estaban cobrando la prestación del paro indebidamente, un 10% menos que en el ejercicio anterior.
En el área de relaciones laborales, la Administración detectó 186 infracciones y realizó hasta 394 requerimientos por temas tan diversos como el incumplimiento de los horarios, el pago de salarios por debajo de lo establecido en convenio o ataques contra la libertad sindical.
Contratos fraudulentos
Otro de los aspectos sobre los que se han intensificado los controles en los últimos años es el relativo al fraude en el uso de los contratos temporales. Así, durante el pasado año la Inspección obligó a transformar en indefinidos hasta 1.360 empleos por este motivo, una de las cifras más elevadas de todo el país.
