El magistrado Juan Pablo González, instructor del proceso abierto por los créditos que Bancaja y su filial el Banco de Valencia concedieron a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó para sus negocios en el Caribe mexicano, acaba de levantar el secreto de sumario que pesaba sobre este procedimiento desde su inicio. Una causa que en julio provocó la detención de las cúpulas directivas de ambas entidades (entre quienes se encontraba el exjefe del Consell José Luis Olivas) y que ha mantenido a Ferri y a Baldó cuatro meses en prisión, de donde salieron el pasado 29 tras abonar los doce millones que, en total, les impuso el juez como fianza.
Los empresarios, que en un escrito presentado en el juzgado acusan a Bancaja de torpedear sus negocios en el Caribe y de haberles denunciado para ocultar su mala gestión, habrían obtenido más de 140 millones de beneficios provocando un perjuicio económico a las entidades que le concedieron los préstamos de alrededor de 250 millones, algo que no hubiera sido posible «sin la necesaria connivencia» de los entonces directivos de Bancaja y el Banco de Valencia, precisa el instructor.
