Mientras algunos agentes sociales, singularmente la Intersindical y CC OO -PV, se enzarzan en una agria polémica sobre la ley de participación institucional aprobada al final de la pasada legislatura por anunciar una asignación fija a la patronal autonómica Cierval y a los dos sindicatos mayoritarios -el citado y UGT-, que se repartirán cada año 5,2 millones, la Conselleria de Economía Sostenible se plantea propiciar que los agentes sociales minoritarios tengan voz y voto en el diálogo social consagrado a través del citado texto.
No hay nada concreto, porque las fuentes consultadas por este diario aseguran que en el citado departamento de la Generalitat aún no se ha producido ninguna reunión formal de sus principales responsables para empezar a debatir sobre el asunto, pero «sí tenemos una filosofía, que es dar cabida a todos los sindicatos y organizaciones empresariales, pero también a los autónomos y a los representantes de la economía social». «Somos una formación pequeña -en referencia a Compromís, partido al que pertenece el conseller Rafael Climent y su equipo- y queremos dar voz y voto a todos los pequeños», aseguraron a este diario fuentes de ese departamento.
Ya cuando se aprobó la citada ley se alzaron voces de los sindicatos minoritarios criticando que se asigne una cantidad fija a la Cierval, UGT y CC OO por su trabajo de colaboración en organismos institucionales y exigiendo que el pastel se repartiera. Esta semana, la Intersindical, considerada próxima a Compromís, pidió que esos 5,2 millones se destinen a fines sociales. CC OO le replicó con dureza. También la Cepyme de Alicante, desgajada de la patronal provincial asociada a Cierval, terció en la polémica para pedir que el Consell derogue la ley de participación institucional.
Sin embargo, el citado texto fue aprobado el pasado mes de marzo en las Cortes Valencianas con los votos a favor del PP, PSPV y EU y la abstención de Compromís tras una larga negociación entre el Consell popular y los agentes sociales mayoritarios. Allí se consagraron los citados 5,2 millones, pero también la libre concurrencia de todas las organizaciones a las diferentes ayudas y convenios que pusiera en marcha la Generalitat, ya fueran relacionados con la formación o la salud laboral. A continuación, ambas partes negociaron el reglamento que desarrollaba la ley. Este documento, según las fuentes consultadas, está prácticamente cerrado, pero se encuentra a la espera del dictamen de la Abogacía de la Generalitat.
Los empresarios consultados no expresaron temor alguno a que de los propósitos de Compromís y la Conselleria de Economía Sostenible se derive una modificación del texto legislativo y argumentaron al respecto el compromiso personal con el mismo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Más peso a la Intersindical
En el departamento que dirige Rafael Climent son conscientes de las dificultades de cambiar un texto que el nuevo jefe del Consell apoyó expresamente hace seis meses y al que la propia Compromís no se opuso frontalmente. Sin embargo, en la formación nacionalista se ve con buenos ojos la opción de aprovechar la ocasión para dar un impulso a la Intersindical, una central próxima a los postulados de Compromís, para que gane protagonismo frente a UGT y CC OO.
Este es un motivo añadido de una cierta tranquilidad para los patronos, que ven los últimos movimientos -con el trasfondo de la polémica pública- como una pugna en el ámbito sindical que a ellos no les afecta.
Lo que no está nada claro, entre otros motivos porque aún no lo ha analizado, es cómo Economía Sostenible podrá poner en práctica sus pretensiones. En ese departamento insisten en que no pueden responder todavía a si habría una modificación ulterior de la ley de participación institucional, si se daría más apoyo a los minoritarios a través de la parte de libre concurrencia o si se buscarán foros o fórmulas alternativas.
