Mientras la mayoría de las pymes sufrían lo indecible para renovar sus pólizas de crédito tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, Bancaja y su filial Banco de Valencia no tuvieron tantos reparos para refinanciar los más de 500 millones de dólares (cerca de 370 millones de euros) que a finales del año 2009 les debía el grupo Grand Coralmás de 500 millones de dólares , el conglomerado que ambas entidades habían constituido junto a los empresarios benidormís Juan Ferri y José Baldó para construir miles de viviendas en el Caribe mexicano y en Baja California.
Una operación que se aprobó con un único voto en contra en el consejo de administración de la caja valenciana a pesar de que las garantías que se ofrecieron eran más que dudosas. Para empezar, porque no se aportaron tasaciones válidas de los terrenos financiados. Pero, además, porque al menos dos de las sociedades que constaban como garantes -Inmacor y Cabo Península Inmobiliaria- se encontraba en situación «de quiebra técnica»; y otra de ellas, Proyectos y Desarrollos Hispanoamericanos (PDH), tenía en sus cuentas una salvedad del auditor, en la que se alertaba de que podía encontrarse en «causa de disolución» por las pérdidas que acumulaba y su descapitalización.
Así consta en un informe realizado por la consultora PwC, que sirvió para que los nuevos responsables de la entidad, ahora integrada en Bankia, denunciaran ante la Fiscalía los negocios que la caja realizó con los empresarios benidormís, lo que desembocó en la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional.
Tras cinco años de vorágine compradora, en la que el grupo Grand Coral adquirió millones de metros cuadrados de terrenos en la Riviera Maya y el estado de Baja California -en casi todos los casos con importantes plusvalías para los intermediarios-, la mayoría de las sociedades del conglomerado llegó a finales de 2009 sin poder hacer frente a los generosos préstamos que Bancaja y el Banco de Valencia les habían concedido para financiar estas adquisiciones. Tan sólo uno de los proyectos, el de la Torre Emerald en Cancún, presentaba un grado de ejecución y de comercialización aceptable, mientras que en el resto apenas se había movido una piedra. En consecuencia, ninguna de ellas generaba ingresos para pagar las cuotas vencidas y la mayoría ya registraba algún impago.
Dos años de alivio
Se trataba de una situación ciertamente muy poco deseable en aquel momento para la caja, a la que no le convenía aumentar sus ratios de morosidad cuando el Banco de España estaba presionando para que se fusionaran las entidades más débiles. Por eso, se optó por agrupar toda la deuda viva del grupo -con excepción de los préstamos promotor- en una única sociedad y refinanciarla con dos años de carencia, un periodo en el que se esperaba que el grupo hubiera encontrado alguna salida a su situación.
La escogida fue IPB, que había canalizado la mayor parte de las inversiones en Baja California y a la que Bancaja y el Banco de Valencia concedieron un crédito sindicato por valor de 520 millones de dólares: 500 millones para cancelar las deudas del grupo y otros 20 para empezar a urbanizar la finca de Zacatón, en la zona de Los Cabos. Como garantes de la operación constaban el resto de compañías del grupo, lo que llamó poderosamente la atención de los autores del informe de PwC, ya que la mayoría de ellas se encontraban en una situación más que delicada.
Es más, dos de ellas, Inmacor y Cabo Península se encontraban en ese momento en «situación de quiebra técnica contable», según dicho informe, y carecían de ingresos o de actividad. Otra, PDH, había recibido una salvedad del auditor en sus cuentas en la se advertía de que podía encontrarse en «causa de disolución», tras haber perdido 84 millones de dólares y más de dos terceras partes de su capital social.
Igualmente, las tasaciones de los terrenos que se aportaron no cumplían con la normativa del Banco de España para ser válidas legalmente y estaban claramente hinchadas. Por ejemplo, la finca Vinoramas, ubicada en Baja California, se valoró en 326 millones de dólares cuando dos años antes el grupo había pagado 90 millones por ella. Y hubo terrenos de los que ni siquiera se aportó tasación. A pesar de ello, tanto el comité de riesgos de Bancaja, como su consejo de administración dieron luz verde sin poner mayores pegas. De nada sirvió, porque en 2013 Grand Coral impagó el préstamo.
