Sólo en los primeros seis meses de este año se han formalizado en la provincia nada menos que 275.789 contratos de trabajo, un 10,5% más que en 2014 , fruto de la reactivación que experimenta la economía alicantina. Es más, de seguir por este camino, lo más probable es que el ejercicio acabe con unas cifras similares a las registradas en 2007, aunque la similitud acaba ahí, en el número, porque la realidad es que el mercado laboral actual poco tiene que ver con el que había antes de la crisis. Ahora los empresarios calculan sus costes al céntimo, lo que ha disparado las contrataciones de menos de una semana de duración, y hasta el 42% de los nuevos empleos son a tiempo parcial, 17 puntos más que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Así lo refleja un informe realizado por UGT para hacer balance del primer semestre del año en la provincia y en el que se denuncia el abuso que se está produciendo de estas prácticas, como mecanismo para ajustar los gastos de las compañías y negocios particulares. La autora del mismo, la secretaria de Empleo del sindicato en l'Alacantí y las Marinas, Yaissel Sánchez, denuncia «el alto grado de involuntariedad» que existe en la aceptación de este tipo de contratos por parte de los trabajadores y señala que es una de las causas del aumento de la desigualdad que se ha producido en los últimos años.
De acuerdo con las cifras que aporta el documento, este avance del empleo a tiempo parcial empleo a tiempo parcial -también conocido como «minijobs»- se está produciendo tanto en la contratación temporal, como en la indefinida. Así, de los 26.223 alicantinos que lograron un trabajo fijo en el primer semestre del año, hasta 9.102 -el 34,8%- tenían sólo media jornada o similar; otros 4.337 -el 16,5%- fueron contratados como fijos discontinuos (sólo trabajan determinados meses al año, una figura que se utiliza, por ejemplo, en el sector del turrón); y sólo el 48,7% -12.784- disponían de un empleo a tiempo completo.
Pero, además, este auge de los empleos por horas se está convirtiendo en una nueva forma de discriminación hacia la mujer, ya que mientras los hombres acaparan la mayoría del empleo indefinido a jornada completa, ellas ocupan hasta dos tercios de los «minijobs». Todo un paso atrás en la lucha por la igualdad.
En el caso del empleo temporal, que supone el 90,49% de las nuevas contrataciones en la provincia, el peso de los trabajos por horas es aún mayor y roza el 43%, lo que eleva la media de toda la contratación a tiempo parcial hasta el 41,9%. Antes del estallido de la crisis este porcentaje no alcanzaba el 25% y, en muchos casos, eran situaciones «buscadas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora es pura necesidad», recalca Sánchez.
Las consecuencias
El resultado de todo ello es, según la dirigente sindical, una reducción de los salarios, de los derechos laborales y también de los derechos sociales que lleva aparejado el empleo. Es decir, que estos trabajadores seguirán sufriendo en el futuro las consecuencias de esta situación de subempleo en forma de unas menores prestaciones por desempleo, en el caso de que sean despedidos, o de unas menores pensiones cuando se jubilen. Y eso sin tener en cuenta que gran parte de estas colocaciones a media jornada se convierten luego en trabajos a tiempo completo que se pagan en negro o, directamente, no se pagan.
La segunda gran tendencia que resalta el informe es la cada vez menor duración de los empleos, una válvula de escape que han encontrado las empresas para abaratar sus costes y que también va a más. Si en los seis primeros meses del año pasado hasta 45.403 de los contratos registrados en la provincia tenían una duración inferior a una semana, lo que suponía el 18% del total; en lo que va de año ya son 55.801, lo que ha elevado su peso en la contratación total hasta el 20,2%.
Al respecto, el informe recuerda que el encadenamiento injustificado de contratos temporales para cubrir un mismo puesto de trabajo supone un fraude de ley y que estos deberían utilizarse únicamente para hacer frente a «necesidades coyunturales de las empresas». «Lo efímero de esta contratación convierte a los trabajadores en mano de obra de usar y tirar», denuncia el documento, que señala los efectos sobre del nivel de vida de toda la comunidad que tiene esta situación.
