Lejos de su objetivo de conceder una segunda oportunidad a las empresas que pasan por una mala racha -y a pesar de las numerosas modificaciones introducidas en los últimos años-, el concurso de acreedoresconcurso de acreedores sigue siendo un pozo muy hondo del que la mayoría de las compañías no logra salir. Así lo certifican los últimos del Consejo General del Poder Judicial, que señalan que durante el año pasado apenas el 15% de las firmas alicantinas que se acogieron a esta figura legal consiguió llegar a un acuerdo para eludir el cierre.
En concreto, de las 184 empresas de la provincia que durante 2014 finalizaron la denominada fase común del convenio, tan solo 29 lo hicieron con la firma de un convenio con sus acreedores, un paso que suele incluir una quita de la deuda y un plan de pagos para permitir la viabilidad de la concursada y evitar que tenga que echar la persiana. El resto, es decir, 155 compañías, acabaron directamente en la fase de liquidación por orden judicial al no encontrar ninguna solución posible a su situación de quiebra.
Se trata, además, de un porcentaje que se mantiene estable con pequeñas oscilaciones -siempre entre el 10% y el 15%- durante los últimos años, a pesar de los numerosos cambios introducidos en la legislación. «Está claro que la ley concursal no ha conseguido aportar una solución al problema de las insolvencias en nuestro país y tampoco parece que las últimas modificaciones vayan a ser la panacea», asegura el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, quien, no obstante, también apunta a una cuestión de cultura empresarial para justificar este fracaso. «La mayoría de las firmas solicita el concurso cuando ya es demasiado tarde y se encuentra en una situación límite que ya no tiene remedio. A los empresarios les duele reconocer el problema y siempre piensan que podrán salir sin pasar por el juzgado», explica el experto.
Una forma de pensar muy distinta a la que tienen en otros países y, especialmente, en Estados Unidos donde la declaración temporal de quiebra se considera casi una herramienta más de la estrategia financiera de las compañías, muy lejos del estigma que aún supone en España.
Deudas con la Administración
Desde el punto de vista meramente normativo, el presidente del Colegio de Economistas señala que uno de los mayores problemas siguen siendo los privilegios que tienen las administraciones públicas -generalmente, la Seguridad Social y Hacienda- y que son las que, en muchas ocasiones, impiden que se llegue a un convenio. Hace unos meses en una entrevista en este mismo diario una de las mayores expertas en la materia, la abogada valenciana Antonia Magdaleno, aseguraba que ésta era la causa de casi la mitad de los fracasos en los procesos concursales.
Los últimos cambios legales, que entraron en vigor en mayo, tratan de flexibilizar esta situación para obligar a las administraciones a aceptar quitas en determinados casos. Sin embargo, según Menargues, ha complicado las cosas para vender en bloque las compañías que se liquidan -lo que se conoce como venta de la unidad productiva- ya que ahora los compradores están obligados a asumir la deuda que la firma tuviera con la Seguridad Social, algo que antes no ocurría.
El presidente de los Economistas alicantinos también echa en falta la existencia de un mecanismo directo de liquidación de empresas insolventes -cuando el pasivo supera a los activos- sin necesidad de recurrir a la figura del concurso. «Ahora no lo hay y lo cierto es que muchas compañías ya piden el concurso con el objetivo de liquidar, lo que es una pérdida de tiempo y es otro de los motivos de ese elevado porcentaje de fracasos», explica Menargues.
El tamaño importa
Por otra parte, un reciente informe del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España relacionaba las posibilidades de supervivencia de una compañía concursada con su tamaño, ya que éste favorece que puedan obtener lo recursos necesarios para continuar. En este sentido, mientras que el volumen medio de activos de las empresas que alcanzaron un convenio el año pasado se situó en los 23,2 millones de euros, las que acabaron liquidadas sólo sumaban 6,9 millones. Otro factor importante es la antigüedad de la firma -la media de las que sobreviven es de 19,2 años frente a los 16,3 de las que echan el cierre-, ya que «la experiencia en el mercado constituye un valioso activo intangible», señalan los registradores.
