La recuperación económica no acaba de llegar a las familias. A lo largo de los últimos años, los ingresos han ido encadenando una caída detrás de otra, a la par que las condiciones de vida se han ido degradando. El resultado, al final, ha sido el que es: más desigualdad social e índices de pobreza que se han disparado y que, lejos de frenarse, siguen al alza, pese a la tan cacareada mejoría. La situación no puede ser más desoladora: la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las autonomías en las que más cuesta llegar a fin de mes, hasta el extremo de que tres de cada cuatro familias admiten que llegan con dificultades. No sólo eso. La mitad ya no es que no pueda permitirse el lujo de irse de vacaciones al menos una semana al año, sino que tampoco puede afrontar gastos imprevistos, e incluso el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el conjunto de las tres provincias en el 34,7%. Lo peor es que la pobreza y la desigualdad, que, hasta ahora, podían resultar coyunturales, corren el riesgo de cronificarse, tras siete años de fuerte recesión, con el empeoramiento de las condiciones de vida que ha llevado aparejada. Así lo alerta el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana, en su último informe, elaborado a partir de las referencias extraídas del Eurostat, el INE o el Instituto Valenciano de Estadística, y de organizaciones no gubernamentales.
El documento, lógicamente, pone de manifiesto los estragos que ha hecho la crisis. Ahora bien, no se queda ahí, y evidencia que la Comunidad Valenciana ha sido una de las más golpeadas. Tanto es así que, sin ir más lejos, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido a mayor ritmo en esta autonomía, situándose al cierre del año pasado, justo cuando los índices macroeconómicos empezaban a dar síntomas de que estaban saliendo de la atonía, en el 34,7%, 14 puntos por encima del porcentaje registrado al inicio de la crisis, y cinco puntos por encima de la media nacional.
Tampoco está mejor la Comunidad si lo que se toma como referencia es la dificultad que tienen los hogares para llegar a fin de mes. Mientras que en Alicante, Valencia y Castellón el porcentaje vuelve a subir respecto a un año antes y alcanzó en 2014 en el 76,4%, casi 18 puntos más que al inicio de la crisis, en España se situó en el 66,4%, y lo malo que es que en 2007 esta Comunidad estaba por debajo de la media nacional. Es más, según los datos que recoge el CES en su informe, la mitad de las familias valencianas no pudo permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año en 2014, frente al 36,3% de 2007. Mientras, el 47,9% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 18,3% de las familias tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda habitual. Más lamentable si cabe es el incremento -mínimo, pero incremento- que experimenta la proporción de hogares que no podían comer carne o pescado cada dos días: del 2,7% de 2007 se subió al 3,2% el pasado año. No menos siniestro es el repunte registrado entre los hogares que no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada, que del 8% del inicio de la crisis creció hasta el 18,4% en el ejercicio pasado. Sólo la cifra de los que no pueden tener un ordenador personal se rebajó, hasta el 7,4%, influido en parte por el descenso en los precios de los PC en los últimos tiempos.
Las elevadas tasas de desempleo, la cronicidad de los parados de larga duración, el descenso de la renta media, el riesgo de desbordamiento de la familia, la desprotección de los colectivos más vulnerables y las restricciones de acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia son sólo algunos de los factores que explican esta situación, especialmente en una autonomía como ésta, en la que, a estos factores, se suman otros como la precariedad, la temporalidad y la economía sumergida, con una incidencia muy clara también en las rentas. Con este escenario de partida, al final, las entidades dedicadas a la intervención social se han convertido en la única salida para muchos, tal y como precisa el informe.
Este desolador panorama es el que lleva al CES de la Comunidad Valenciana un año más a dar a las administraciones un toque de atención alto y claro, y a pedir políticas activas que frenen los niveles de pobreza y exclusión social: «Resulta necesaria y urgente la puesta en funcionamiento de políticas de protección social que combatan las desigualdades sociales», sentencia el documento, para, acto seguido, hacer un llamamiento a los gestores públicos para que, «a través de la normativa legal y la dotación presupuestaria correspondiente, habiliten los recursos que se necesiten para atender a todos aquellos sectores de la población en peligro de exclusión social; y de manera particular a los mayores y la población infantil que se encuentren en tal situación».
