El Gobierno valenciano buscará «fórmulas» con la Sareb -el banco malo- para que ceda parte de sus viviendas vacías para alquileres sociales, además de desarrollar un gran plan para la rehabilitación de inmuebles y una ley sobre la función social de la vivienda. Así lo aseguró ayer la consellera de Vivienda, María José Salvador, durante la inauguración de la jornada técnica «Nuevos restos del sector inmobiliario», organizada por la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova).

Salvador adelantó que «en breve» se reunirá con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, para que se puedan «visibilizar» cuáles son las viviendas que tienen su fondo social en la Comunidad y se puedan facilitar, mediante alquiler social, a familias en riesgo de exclusión o jóvenes que quieran emanciparse. En estos momentos, el 16% de las viviendas en la Comunidad Valenciana están vacías o desocupadas, según los datos que maneja la Generalitat.

El director de comunicación de la Sareb, Francisco González, explicó que esta entidad tiene desde 2013 un plan de cesión temporal de 2.000 viviendas para las autonomías, de las que ya ha cedido 1.150 y confía en poder firmar con la Generalitat un convenio como los ya suscritos con Cataluña, Aragón o Galicia. Estos acuerdos prevén la cesión temporal de viviendas, durante cuatro o cinco años, para que pueden hacer uso social de ellas mediante alquileres asequibles, aunque, pasado el periodo, las casas tiene que volver a la Sareb, que tiene en la Comunidad Valenciana un 20% de su cartera de viviendas.

Las viviendas cedidas están preparadas para ser ocupadas de inmediato y la Sareb percibe por ellas una cantidad de entre 74 y 125 euros para cubrir impuestos y gastos de comunidad, y es la Administración autonómica la que las integra en sus programas sociales y decide las condiciones de alquiler.

Por otro lado, y sobre la ley para la función social de la vivienda, la consellera explicó que tiene el objetivo de garantizar un «derecho humano» y contempla la creación de un registro de viviendas deshabitadas para buscar sinergias con el sector financiero y ponerlas a disposición de quien las necesite.

Mientras, el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, afirmó que la rehabilitación genera puestos de trabajo en sectores tan fuertes como el azulejo, los muebles, la iluminación o accesorios de baño y, además, podría hacer salir a la superficie una parte de la economía sumergida. A ello, Salvador recalcó que la rehabilitación supone ahorro para los ciudadanos y un incentivo para el crecimiento económico.