El nuevo Consell tiene mucho trabajo por delante si de verdad quiere garantizar una renta mínima para todo aquel que lo necesite porque, si por algo ha destacado la Generalitat Valenciana hasta la fecha, es por su racanería y por las trabas que ha puesto a la hora de conceder este tipo de ayudas, destinadas a las familias que carecen de cualquier tipo de ingresos. Así, según revela la última memoria del Comité Económico y Social de España, el gasto medio de la administración valenciana por cada beneficiario de este tipo de prestaciones -ya sean los titulares directos o los familiares que dependen de él- apenas alcanza los 750 euros anuales, una cifra que supone la mitad de la media de las autonomías españoles -situada en 1.338 euros- y apenas una cuarta parte de lo que gasta el Gobierno vasco por el mismo concepto, que llega a los 3.199 euros por persona.
De esta forma, al igual que ya hiciera hace sólo unos meses otro informe de Fedea sobre el gasto público, el órgano consultivo pone de relieve las enormes diferencias que existen entre las distintas autonomías a la hora de atender las necesidades de sus ciudadanos y coloca a la Comunidad Valenciana a la cola en cuanto a protección social. De hecho, con excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sólo hay otras tres regiones españolas que gastan menos en rentas de ciudadanía: Andalucía, con 632 euros anuales por beneficiario; Extremadura, con 602; y Castilla-La Mancha, con 469 euros.
Por el contrario, los residentes de las comunidades del norte vuelven a ser los más beneficiados. Además del caso del País Vasco, también destaca el gasto que realizan los ejecutivos de La Rioja (2.581 euros anuales por beneficiario), Asturias (2.177) o Cataluña (2.119). Unas diferencias que se explican, principalmente, por la inexistencia de una legislación común y por las cuantías muy distintas que establece la normativa de cada comunidad, tal y como denuncia la secretaria de Política Social de UGT-PV, Isabel López. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana la cuantía mínima de la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía es de apenas 385 euros por hogar, cuando en el País Vasco son 662 euros.
Pero, además, ante el aumento de solicitudes que se registró a medida que avanzaba la crisis, la Generalitat se sacó un as de la manga para evitar que el gasto se disparara, y aprobó una modificación que establecía que sólo se pagaría la citada renta desde el momento en que se reconociera el derecho a cobrarla y no desde el momento de su solicitud, como ocurre con la mayoría de prestaciones.
Un cambio que no resulta menor si se tiene en cuenta que la demora media en su tramitación supera los seis meses en la mayoría de casos y, en algunos momentos, ha llegado a situarse por encima del año. UGT decidió llevar a los tribunales la modificación y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia les diera la razón, pero el Consell saliente decidió presentar un recurso de casación poco antes de marcharse. «Esperamos que la nueva Generalitat retire cuanto antes el recurso y corrija estas políticas que están llevando a la miseria a miles de familias», señala López.
53.800 hogares sin ingresos
También la secretaria general de CC OO en l'Alacantí, Consuelo Navarro, apela al nuevo Consell para «revise y repare la red de servicios públicos» y la protección social para «priorizar la atención y la asistencia real de las personas más vulnerables». Al respecto, denuncia la «absoluta insuficiencia» del sistema actual de renta mínima y destaca que el año pasado apenas se aprobaron en la provincia 5.252 prestaciones de la Renta Ciudadana Garantizada cuando, según la Encuesta de Población Activa, existen 53.800 hogares que carecen de cualquier tipo de ingresos y Cáritas asegura que hay más de medio millón de alicantinos en riesgo de pobreza.
