Puede que todos los españoles tengan los mismos derechos y sean iguales ante la ley pero, desde luego, el nivel de servicios públicos al que tienen acceso varía, y mucho, dependiendo de la autonomía en que residen. Así lo pone de manifiesto un estudio que han realizado conjuntamente el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA y que denuncia la existencia de diferencias de hasta el 60% en el gasto per cápita que reciben en servicios básicos los habitantes de los distintos territorios. Una comparativa en la que Alicante y la Comunidad Valenciana vuelven a quedar entre las peor paradas del país, sólo por delante de Canarias, Baleares, Murcia y Andalucía.
En concreto, de acuerdo con el citado estudio, la inversión que realizan las distintas administraciones en lo que denomina «servicios públicos fundamentales» -que incluyen sanidad, educación y protección social- ascendió en 2013 a 5.710 euros por habitante en el caso de la Comunidad, unos 520 euros por debajo de la media nacional y hasta 2.821 euros menos de lo que recibe cada asturiano, los más beneficiados con la situación actual junto con vascos y navarros, estos dos últimos, gracias al sistema foral (ver gráfico).
Y lo peor, según explica uno de los autores del estudio, el economista Vicent Cucarella, es que los factores demográficos, como el mayor envejecimiento de la población, que se traduce en un mayor gasto en pensiones, «sólo explican entre una cuarta y una tercera parte de estas diferencias». O lo que es lo mismo, «que el actual reparto de fondos resulta tremendamente injusto y supone una amenaza a la igualdad de oportunidades que deberían tener todos los españoles».
Perpetuar la discriminación
Al respecto, Cucarella recuerda que los servicios públicos y las prestaciones sociales son la principal forma de redistribución de la riqueza y que, por tanto, la discriminación que sufren autonomías como la valenciana sólo contribuye a perpetuar el menor nivel de vida que ya arrastran sus ciudadanos. «Nuestro caso es especialmente sangrante porque tenemos una renta por debajo de la media pero pagamos impuestos y recibimos transferencias del Estado como si fuéramos ricos», asegura el investigador del Ivie.
Así, la Comunidad se encuentra por debajo de la media y muy alejada de las posiciones de cabeza en todos los apartados, tanto en aquellos que dependen mayoritariamente del Estado, como es el gasto en protección social -pensiones, prestaciones por desempleo-, como en aquellos que dependen de la Generalitat, como son la sanidad o la educación.
En el caso de la protección social, el gasto por habitante en la autonomía es 3.542 euros frente a la media de 3.958 euros o los 5.751 euros de Asturias. Sin embargo, este apartado es el que más estable se ha mantenido a lo largo de la crisis, con apenas un retroceso del 3,2% sobre el nivel que tenía en el año 2009. Los autores del estudio señalan que esto ha sido posible gracias, en parte, a la existencia de la denominada «hucha de las pensiones», que ha permitido mantener el nivel de prestaciones.
Por el contrario, son los servicios que dependen de los Gobiernos autonómicos los que más recortes han sufrido, con ajustes presupuestarios que rondan en 20% en todo el país y que son algo mayores en la Comunidad. Así, el Consell es el ejecutivo regional que más ha ajustado su factura educativa desde el año 2009, lo que se traduce en una caída del 27,7% en el gasto per cápita en salud en la autonomía, hasta los 1.301 euros anuales, 55 menos que la media, y 413 menos que en Asturias.
Por su parte, el recorte en la sanidad valenciana se sitúa en el 20,1% y el gasto medio actualmente se sitúa en 866 euros anuales, unos 47 euros menos que la media y unos 350 por debajo de los que destinan en el País Vasco, la autonomía que más invierte en este apartado.
Ajustes autonómicos
Vicent Cucarella llama la atención sobre el hecho de que las diferencias de ingresos de los distintos ejecutivos regionales son tan elevadas «que hay autonomías que tras los recortes aún siguen gastando más que otras antes de meter la tijera». Por ejemplo, el gasto per cápita del Gobierno vasco para costear la parte que le toca de los servicios básicos aún supera los 3.000 euros anuales cuando la Generalitat, en su mejor momento, sólo podía destinar a cada habitante de la zona 2.758 euros por los mismos conceptos. «Es una señal de que las cosas deben cambiar», concluye el investigador.
