El PP no podrá presentar a los electores un balance positivo de su mandato en el terreno laboral, como hubiera sido el deseo de Alberto Fabra y del resto de candidatos de la formación que se presentan a las próximas elecciones autonómicas y municipales. A pesar de la incipiente reactivación económica y la buena evolución registrada durante el año pasado -enturbiada ahora por los datos de este primer trimestre-, lo cierto es que la legislatura concluye en la provincia con 9.100 ocupados menos que cuando empezó y cerca de 30.300 parados más. Un incremento más que notable en ambos casos y que deja claro el largo camino que todavía queda por recorrer para revertir los efectos de la crisis.
En concreto y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, si en el primer trimestre de 2011 había 666.500 alicantinos trabajando, cuatro años después sólo son 657.400 los que tienen esa suerte. Es verdad que la cifra llegó a caer hasta los 628.000 hace dos años y que, desde entonces, ha mejorado notablemente, pero sigue por debajo de que existía cuando se celebraron las anteriores elecciones. Ni que decir tiene que también quedan a años luz de las cifras que se daban antes de la crisis, cuando llegó a haber más de 780.000 ocupados en la provincia.
Por su parte, el balance del paro es aún peor ya que, a la destrucción de empleo que se ha registrado en este tiempo hay que sumar el aumento de la población activa que se ha producido, ya que ahora hay más personas en edad de trabajar y dispuestas a hacerlo. Todo ello ha provocado que si hace cuatro años eran 205.700 los residentes de la provincia que se declaraban parados, en la actualidad son 236.000. Igualmente, la tasa de paro (26,42%) también es superior a la del arranque del mandato (23,58%).
A nivel autonómico las cifras son algo mejores aunque tampoco logran situarse en terreno positivo. El número de parados, que la última EPA sitúa en 588.800, solo es superior en 3.700 personas al que había en el primer trimestre de 2011, según la serie actualizada del INE (en abril del año pasado se revisaron todos los cálculos por un cambio metodológico), pero el número de ocupados es inferior en 47.600 personas. La tasa de paro también ha subido del 23,7% al 24,28%.
Además de los datos puros y duros, en el balance laboral de este mandato también hay que destacar el práctico desmantelamiento de las políticas activas de empleo debido a los recortes de la administración que, por ejemplo, obligaron a liquidar la Fundación Servef o a suprimir las subvenciones para los servicios de orientación laboral que prestaban diversas instituciones. Y, sobre todo, con la reducción a la mínima expresión durante años de los fondos destinados a la formación para el reciclaje de los desempleados.
