Tanto la Fiscalía Anticorrupción, como las acusaciones particulares y popular personadas en la causa estudian recurrir la sentencia que ha absuelto a Roberto López Abad y a Juan Ramón Avilés de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, además del de simulación de contrato en el caso de este último. Para que la acusación pública pueda hacerlo necesita el beneplácito de la Fiscalía del Tribunal Supremo mientras que el resto de las acusaciones, la particular que se ejerce en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos y de la Fundación CAM, y la popular, en representación de clientes de la caja afectados, lo están valorando.
