El fiscal que ejerce la acusación en el juicio que se celebra la Audiencia Nacional por la quiebra de Caja Mediterráneo mantiene que el cobro de dietas en la entidad financiera fue un fraude de ley y apunta al exdirector general, Roberto López Abad, como autor de la idea. El representante del Ministerio Público mantiene, además, que los miembros de la comisón de control que formaban parte de Tenedora de Inversiones y Participaciones, la empresa de la caja que aglutinaba un buen paquete de las participadas del grupo, cobraban sin que hubiera trabajo justificado, o lo que es lo mismo, por no hacer nada.
Durante la reanudacion del juicio de esta mañana, el fiscal ha sostenido que como consecuencia de los hechos juzgados, el gran perjudicado ha sido el Banco Sabadell, que finalmente se quedó con la caja de ahorros, y no el Fondo de Garantía de Depósitos ni la Fundación CAM, como sostiene la acusación particular.
El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Teresa Palacios ha reanudado esta mañana la vista oral en la que se está juzgando al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés. En el juicio la acusación particular ha mantenido la condición de López Abad como autor de los hechos de los que se le acusa y le ha añadido la de cooperador necesario.
A los exdirigentes de la caja se les imputan los delitos de administración desleal y apropiación indebida, cargos a los que, en el caso del empresario murciano, se suma el de simulación en la venta de las acciones de una de sus mercantiles a su hermana. Las acusaciones sostienen que con esta operación Avilés trató de ocultar a la caja la situación de morosidad en que se encontraba y que, sólo por ello, le obligaba a dejar su cargo en el órgano de control de la caja.
A las cuatro sesiones que ya se han celebrado se sumarán ahora dos más, la de hoy y la fijada para el lunes, en las que se abordarán la documental así como las conclusiones y los informes de las partes. Además de López Abad y de Avilés, otras 18 personas están acusadas en este proceso como partícipes a título lucrativo.
Son los miembros de la comisión de control de la CAM, quienes también constituían el mismo órgano en la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) que las acusaciones mantienen que se creó con el único objetivo de poner aumentar las dietas que cobraban librando así los controles en cuanto a retribuciones que existían en el caso de la comisión de la CAM.
López Abad se enfrenta a una petición de penas que va desde los cuatro años de prisión que reclama la Fiscalía hasta los seis que solicita la acusación particular, lo que conllevaría, en caso de sentencia condenatoria, su ingreso en prisión. Al ex alto ejecutivo se le imputa haber ideado la estrategia para el abono de las dietas a los miembros de la comisión de control.
A Avilés las acusaciones no sólo le piden cuentas por el cobro de las dietas sino también por las refinanciaciones «fuera de toda lógica» que el empresario murciano logró de la caja para sus empresas sirviéndose, mantienen, del cargo que ocupaba. Las penas solicitadas para él oscilan entre los dos años y medio y los diez de prisión.
Quebranto económico
La acusación particular cifra en cerca de los cinco millones de euros el daño causado a la CAM por la financiación a los proyectos de Avilés, quebranto que posteriormente absorbió el Fondo de Garantía de Depósitos. A los miembros de la comisión de control se les reclama que devuelvan los casi dos millones de euros que cobraron por pertenecer a un órgano cuya actividad que quedado durante la vista oral en más que entredicho.
