Ni se falsificó el acta ni se ocultó a los miembros del consejo de administración de la CAM que su presidente Modesto Crespo iba a cobrar 300.000 euros al año, parte de ellos con carácter retroactivo, por estar al frente de Tinser, una participada que era al 100% de la caja. De hecho, él lo sabía desde el 27 de noviembre de 2009, cuando el consejo dio luz verde a la propuesta que planteó el entonces director general Roberto López Abad y que nadie impugnó. Ahora bien, lo que no supo decir fue qué actividad desarrollaba el empresario ilicitano aunque sí que se le fichó «porque venía con todas las bendiciones y era un relaciones públicas nato».
Así se expresó ayer quien fuera asesor jurídico de la CAM Juan Martínez-Abarca en su declaración como imputado por el pago de las dietas a Crespo, una pieza que instruye el magistrado Javier Gómez Bermúdez ante el que el jurista se presentó como un «mero auxiliar» del secretario (en alusión a José Forner, aunque no le citó), un «escribano» de los acuerdos que se aprobaban en el consejo, donde los asuntos ya llegaban con su preceptivo informe jurídico. Un requiso que no fue preciso en el caso de las dietas de Crespo dado que el cobro de los consejeros a través de las participadas (el empresario ilicitano lo hacía a través de Tinser) ya se aprobó en su día con todos los parabienes legales, según explicó ayer en sede judicial.
La declaración de Martínez-Abarca se alinea así con las prestadas el jueves por López Abad y por el propio Crespo, así como con los testimonios de Forner y, aunque con matices, el de Sevilla y Antonio Gil Terrón, en cuanto a que la retribución al empresario de Elche se aprobó en el consejo, hecho que niegan el resto de los consejeros, a falta de lo que diga Aniceto Benito, pendiente de testificar por exhorto desde Alicante.
Competencia
Tranquilo y con una declaración bien preparada que consumió casi una hora, el jurista, quien apuntó que en aquellos momentos estaba ya prejubilado y que si seguía en la CAM fue porque le pidieron que se quedara, quiso dejar claro que la redacción y aprobación de las actas era competencia del presidente y del secretario, no suya, y que aunque este último le solía hacer alguna observación jamás se incluyó nada que no respondiera a lo que se había tratado en el consejo.
Al igual que hicieron López Abad y Martín Sevilla, el también secretario de actas de la CAM aludió igualmente a la documentación que sobre los asuntos que se iban a tratar en el consejo se ponía a disposición de los consejeros y, a preguntas de su abogado, destacó que nadie impugnó el acta y que tampoco hubo ningún movimiento para destituir a Crespo, «excepto los últimos cuatro meses de la caja, que claramente iban a por él». Pero antes, señaló, «no hubo ningún consejero disidente ni con el nombramiento ni con la remuneración».
Explicó también el declarante que el hecho de que Forner le enviara un correo para que modificara el acta un día después de que fuera aprobada obedeció a que la indicación ya se la había dado el día anterior por teléfono pero que le pidió que se la enviara por escrito. Y agregó que si la caja hubiera querido grabar los consejos, como hacía la anterior secretaria de actas, lo habría hecho.
