Cepyme tiene previsto acudir hoy al juzgado para presentar una querella criminal por un presunto delito societario, contra el presidente de Coepa, Moisés Jiménez; el secretario general, Fermín Crespo; y el tesorero, Antonio Galvañ. Con ello, la confederación que agrupa a las pymes pretende denuncia la obstrucción al derecho y deber de administración de uno de los miembros del comité ejecutivo, en este caso, al vicepresidente de Coepa y mandatario de Cepyme, Cristóbal Navarro. De hecho, en no pocas ocasiones Navarro se ha venido quejando de la limitación al acceso de la información económica de forma sistemática, y así parece que se hará constar en la querella. Paralelamente, se impugnarán los estatutos que están en vigor en estos momentos, por la vía civil, porque desde Cepyme no están de acuerdo con la utilización que está haciendo la junta directiva de este marco regulatorio que, además, tachan de «anticonstitucionales», y sobre todo porque consideran que los votos en la asamblea se «compran con talonario». Estas actuaciones llegan a una semana vista de la asamblea de Coepa.
