La venta ambulante ilegal se ha multiplicado este año en las principales zonas turísticas españolas, donde improvisados "tenderos" muestran a los turistas su mercancía falsificada a precio de saldo, en detrimento del comercio local, y además protagonizan numerosos altercados con la Policía Local.
Baleares, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Madrid o Andalucía son algunas de las zonas que más sufren este comercio ilegal, en el que normalmente inmigrantes "sin papeles" disponen sus mantas con atractivos precios por productos que imitan a los originales.
Hace unos años los discos "pirata" de música monopolizaban los peculiares expositores a ras de suelo, pero hoy la oferta es mucho más variada y no es extraño encontrar bolsos de marca, gafas de sol, ropa deportiva, camisetas de fútbol o incluso bisutería.
Además de representar una fuerte competencia para las tiendas convencionales, el "top manta" cada vez genera mayores problemas para la Policía como en la Comunitat Valenciana, donde a diario protagonizan persecuciones y detenciones con la Policía Local, según Manuel Sánchez, presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb).
Sánchez ha apuntado a Efe que los vendedores ambulantes, en su gran mayoría de origen africano, "han perdido totalmente el respeto a la Policía", cada vez están "más organizados" y son "más agresivos".
El altercado más grave se produjo a final de julio en Peñíscola (Castellón), cuando dos agentes municipales resultaron heridos de gravedad al ser golpeados por un par de vendedores, aunque también el pasado 13 de agosto en Alcossebre (Castellón) tres agentes sufrieron golpes y hematomas tras un forcejeo con manteros.
"Fue durante una de las identificaciones rutinarias, cuando uno de los manteros sustrajo la defensa a un agente y se lió a porrazos con él y, pese a que llevaba el casco, las lesiones fueron muy graves. Uno de ellos estuvo un día ingresado", han explicado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Peñíscola, que han señalado que ambos policías ya se han reincorporado.
Según las fuentes, uno de los agresores fue detenido y al otro le vieron en la vecina localidad de Vinaròs subiendo a un coche de alta gama que le ayudaba a huir, lo que hace sospechar que ellos "son el último engranaje de un grupo mafioso que les ampara y les hace ganar mucho dinero".
"Parece que quieren causar pena y que es la única forma que tienen de sustentar a sus familias pero hemos hechos incautaciones de hasta dos mil euros en una jornada. Comprando estos vendedores sólo ayudamos a perpetuar esa mafia", han aseverado las fuentes.
En Baleares son buenos conocedores de la proliferación de manteros y allí Gabriel Barceló, presidente de la Asociación Plataforma de Vecinos y Comerciantes de la Playa de la Palma (Palma de Mallorca), ha llegado a contar "hasta 70 vendedores, uno al lado del otro" en una de las más frecuentadas por los turistas.
Ha calcula que en toda la Playa de Palma podrían actuar alrededor de 700 de estos vendedores ambulantes, con los consiguientes inconvenientes para los vendedores locales.
"El problema es que la venta ambulante está masificada", ha sostenido Barceló, quien ha reclamado más contundencia, nuevas alternativas legales y más presencia policial para combatir este problema.
En Málaga el problema también está muy presente y allí la asociación de kioscos heladeros asegura que cada año sus asociados despachan "un 60 % menos" por culpa de vendedores ambulantes de latas de refresco.
También en las playas de Zahara, Zahora o Caños de Meca en Barbate (Cádiz) la venta itinerante sin licencia de ropa, complementos, bisutería o refrescos, también preocupa a comerciantes e instituciones.
Cataluña, por su parte, tampoco se libra de estos vendedores ambulantes y en el último mes se ha detenido al menos a 14 personas en diferentes puntos de la provincia de Tarragona, dedicadas a esta actividad.
La venta ilegal aumenta, los incidentes se repiten en diferentes puntos de la península y al temor de los manteros a ser arrestados por la Policía se suma el planteamiento de reforma del Código Penal que elevaría de falta a delito la venta ambulante, lo que ha sido motivo de varias manifestaciones en Madrid -capital turística por excelencia- este año por parte de colectivos de inmigrantes.
En caso de aprobarse, podrían incurrir en delitos contra la propiedad intelectual y la producción industrial y ser condenados con penas de cárcel de entre seis meses y dos años, reduciendo así a los inmigrantes la opción de vivir en España en la legalidad.
