Después de siete años de bajada de los accidentes laborales, debido a la caída de la actividad económica por la crisis, la lacra de la siniestralidad volvió a repuntar el año pasado, según los datos contenidos en la última memoria del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana. Un aumento que, según los sindicatos está muy relacionado con la precariedad en los nuevos empleos que se crean.
En el caso de la autonomía, el número de siniestros se incrementó un 0,78%, hasta los 34.763, mientras que en la provincia el repunte fue mayor, del 2,2%, al pasar de 10.824 a 11.064. Unos crecimientos modestos pero que chocan con la línea descendente que marcaban las estadísticas desde 2006, año desde el que se habían reducido en casi un 65% los accidentes. Sobre todo, por la menor actividad en la construcción.
El dato positivo es que este incremento se concentra, por el momento, en los siniestros de menor gravedad, mientras que, por el contrario desciende el número de fallecidos. En la provincia el año pasado perdieron la vida nueve trabajadores frente a los diez del año anterior y en el conjunto de la Comunidad Valenciana fueron 33 frente a los 43 fallecidos registrados en 2012.
Menos prevención
El secretario de Empleo de CC OO en el Alacantí y La Marina, Jose María Ruiz Olmos, explicó que este repunte de la siniestralidad laboral se debe a que «la mayoría de la contratación actual es mediante empleo precario, de una peor calidad que provoca más accidentes. La falta de dinero también implica menos inversión por parte de las empresas, aunque muchas de ellas ya no lo hacían antes, en la prevención de riesgos laborales. La generalización siempre es mala pero por desgracia las empresas que manejan correctamente estos temas son contadas excepciones».
Ruiz también apuntó que el descenso de años anteriores es debido a que «se destruye el empleo y entonces hay menos posibilidades de que ocurran accidentes. Además, no todos los casos de accidentes laborales se denuncian por miedo a la situación que hay en el mundo laboral». Señaló, para terminar, que «esto debería ser un toque de atención para la Administración, que se dé cuenta de que la ley no se cumple sola y que debe implicarse para evitar» que más personas resulten heridas mientras trabajan.
Por parte, el secretario general de UGT en l'Alacantí y La Marina, Óscar Llopis, apuntó a «la austeridad, los recortes y la falta de políticas públicas» como «causa directa de que, a pesar del notorio descenso de la actividad económica, los índices de siniestralidad sigan siendo altos». Además denunció que «se sigue declarando un menor número de accidentes con baja, debido a la presión que ejercen los empresarios y las mutuas sobre los trabajadores y trabajadoras en la actual situación de precariedad en las condiciones de trabajo».
La conclusión a la que llegan desde UGT es que «estamos pagando las consecuencias de la reforma laboral, la falta de políticas públicas en materia de prevención. Llevamos más de un año y medio sin Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comunidades autónomas están dejando de invertir en materia de prevención. También hay una realidad y es el hecho de que la prevención para las empresas ha dejado de ser una prioridad».
Menos ayudas
Por su lado, el secretario general de la patronal alicantina Coepa, Fermín Crespo, atribuyó este repunte al «aumento de la cantidad de actividad y empleo que hemos tenido en este último año y la evolución del mismo, que ha provocado mucho movimiento laboral, que los trabajadores se adapten a una actividad y esa falta de experiencia puede desembocar en accidentes laborales. Además han desaparecido muchas ayudas para los empresarios que usaban para invertir en materia de prevención de riesgos laborales».
Crespo también quiso destacar que la provincia de Alicante la tasa de siniestralidad está más controlada que en las otras provincias de la Comunidad Valenciana. En cuanto a dar solución a este repunte y evitar alcanzar niveles peligrosos en los riesgos laborales, abogó por «recuperar el diálogo social y con la Administración para que, de esta manera, se vuelva a invertir en las medianas y pequeñas empresas, que son las que más sufren en este aspecto, para que pongan de nuevo en marcha planes formativos y de prevención de riesgos laborales, y de esta manera poder cuidar a sus trabajadores y de nuevo coger la línea descendente en la siniestralidad laboral».
Nueva Ley de Mutuas
El pasado mes de julio se aprobó un Real Decreto para promulgar la nueva Ley de Mutuas mediante la cual, las propias mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el primer día de baja y formular una propuesta de alta médica motivada. Además de reducir el absentismo laboral injustificado, la Ley de Mutuas pretende dotarlas de un nuevo marco normativo para mejorar su gobernanza y transparencia.
Se establece también el cambio de la denominación actual de estas entidades (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. La razón de esta modificación, según alega el Gobierno, es que su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales. Esta ley ha sido duramente criticada por los sindicatos, la ven como una «privatización encubierta del sistema nacional de salud y va a primar el resultado económico en detrimento de la protección de la salud de los trabajadores».
