La reforma estatutaria para echar al presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, de la cúpula de Coepa se las prometía como el punto estrella de la junta directiva que celebraba la patronal ayer. Sin embargo, el dirigente de las pymes se sacó un as de la manga y exigió la convocatoria urgente de una asamblea para plantear la disolución de la entidad, tras varios ejercicios de resultados negativos, y también para valorar las eventuales responsabilidades en las que podrían haber incurrido los órganos directivos. El presidente de la confederación respondió al envite rechazando la propuesta. No estaba en el orden del día, argumentó, y sostuvieron tras la reunión desde el sector oficialista. En cualquier caso, con ello, Jiménez libraba a la junta de la incomodidad de tener que pronunciarse sobre la cuestión, en un encuentro que marcó récord de asistencia para lo que suele ser habitual en los últimos tiempos, superando la treintena de presentes. Previamente, el empresario Manuel Peláez le había recriminado a Cristóbal Navarro que volviera otra vez sobre el mismo tema, y éste le espetó que no era lo mismo: «El año pasado pedíamos el concurso y ahora, por desgracia, sería una disolución», le vino más o menos a decir. También lanzó un mensaje muy contundente, al alertar de que el desconocimiento no servía de escudo para eximirse de responsabilidades o del cumplimiento de la ley. La sesión se desarrolló en poco más de una hora y cuarto, tiempo más que suficiente para que se desarrollara en un ambiente muy tenso y marcado por la crispación.
Todo comenzó cuando el tesorero de Coepa, Antonio Galvañ, empezó a dar cuenta de informe de la situación económica, y apuntó que el ejercicio 2013 se iba a cerrar con déficit, según el balance provisional, aunque iba a ser menor que el del año anterior. Fue ahí a partir de ese momento cuando el dirigente de las pymes, y también vicepresidente estatutario de Coepa, solicitó la palabra, y antes de exigir la convocatoria de una asamblea, alertó de que 2012 se había cerrado con fondos propios negativos y que las perspectivas para 2013 no eran más halagüeñas.
También en ese punto intervino el presidente de la patronal del metal Fempa, Guillermo Moreno, para pedir una aclaración del déficit de 2013, a lo que, finalmente, se le respondió que podría ver el balance en la sede de Coepa, aunque, previamente, tendría que firmar una cláusula de confidencialidad para evitar filtraciones. Moreno, evidentemente, se quejó de «opacidad».
Otro de los puntos más candentes se vivió con el debate sobre la constitución de la comisión para la reforma estatutaria, compuesta por Fermín Crespo, Manuel Peláez, Jorge Brotons, Francisco Gómez, Antonio Galvañ y Alejandro Soler Leguey, en colaboración con un despacho de abogados privado, según se aprobó en el comité ejecutivo del pasado 15 de mayo. Moisés Jiménez defendió la necesidad de cambiar el articulado, vigente desde 1978 sin que haya sufrido reforma alguna. Nadie abrió la boca. Todos coincidían en eso. Otra cosa fue la participación en la comisión. Cristóbal Navarro, como ya hiciera en el comité, exigió estar en ese grupo de trabajo, y lo mismo demandó Guillermo Moreno, y el presidente de la Asociación Empresarial del Sector de las TIC de la Comunidad Valenciana (Estic), Joaquín Garrido. El responsable de Terciario Avanzado, José Javier García Zamora, se pronunció en ese sentido y pidió estar también, aunque en el momento de la votación reculó y se mostró más tibio. El rodillo de la mayoría pudo más y se rechazaron las solicitudes. Sólo se dijo que quien quisiera podría hacer propuestas, eso sí, desde fuera de la comisión. Mientras, desde el sector oficial hicieron hincapié en que «la junta directiva ha aprobado por unanimidad la reforma de los estatutos y con una amplia mayoría, con el 86% de los votos, la constitución de una comisión de trabajo específica para impulsar el cambio estatutario».
La tensión creció por momentos cuando Jiménez reconoció que el presidente de Cepyme quedaba fuera del grupo del cambio de estatutos para garantizar la confidencialidad. Ante ello, Navarro reconoció que emprenderá acciones legales contra el dirigente de Coepa por «atentar contra su honor».
Menos unanimidad hubo a la hora de valorar una referencia a la posibilidad de convocar la asamblea para dar el visto bueno a los estatutos antes del 30 de junio. Parece que fue un momento de confusión. Algunos interpretaron que la reforma estaba cocinada, y fuentes oficialistas sólo dijeron al término del encuentro que no hay plazos porque es un proceso que acaba de empezar.
