La Encuesta de Población Activa (EPA) conocida esta semana vuelve a poner de manifiesto el enorme peso que tiene la economía sumergida en provincia, un mal endémico que ningún gobierno parece demasiado interesado en combatir realmente. Según la EPA, los alicantinos que se declaraban ocupados al finalizar el primer trimestre eran 632.500 pero tan sólo 531.700 cotizaban en la Seguridad Social, lo que arroja un balance de más de 100.000 trabajadores -100.796, para ser exactos- que sobreviven de espaldas a la ley, el número más elevado de todo el país.
Se trata, además, de una cifra que se viene manteniendo más o menos estable, con ciertos altibajos según la época del año y lo agudo de la crisis, al menos durante los últimos diez ejercicios, de acuerdo con las mismas fuentes, lo que da cuenta del enquistamiento del problema a pesar de las reiteradas denuncias de los sindicatos y, en los últimos tiempos, también de la patronal provincial, Coepa, que ya ha lamentado en varias ocasiones la competencia desleal que suponen las empresas que se benefician de este empleo irregular.
Los 100.000 alicantinos que trabajan sin estar dados de alta -uno de cada seis ocupados de la provincia- no tienen parangón en el resto de España. En Valencia, la segunda de la lista, el cruce de datos entre la Seguridad Social y la EPA arroja un total de 77.814 trabajadores ocupados en la economía sumergida, una cifra sensiblemente inferior. Le siguen Baleares, con 53.949, apenas la mitad que en Alicante; Toledo, con 42.954; Las Palmas, con 39.628; Murcia, con 36.790, Asturias, con 33.458; o Tenerife, con 32.392.
Llama la atención que al realizar esta comparativa no aparezca ninguna provincia andaluza ni extremeña entre las zonas con más empleo irregular. De hecho, en muchas de ellas se da la paradoja de que hay más cotizantes dados de alta que ocupados en la EPA, lo que estaría relacionado con el cobro del subsidio agrario -el PER- que cotiza a la Seguridad Social, según las fuentes consultadas.
Malas prácticas muy arraigadas
En el caso de Alicante, los sindicatos no dudan en apuntar al peso de las costumbres entre los factores que explican la generalización de este tipo de prácticas: «Por desgracia, en muchas zonas y sectores, como la agricultura o el calzado, los trabajadores ven casi normal que no se les haga contrato porque es "lo que se ha hecho siempre? y, además, hay mucho cacique que amenaza con llevarse el trabajo al pueblo de al lado si les tocan las narices con legalismos», señala el secretario de Empleo de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, José María Ruiz Olmos.
En el caso del calzado, por ejemplo, las campañas de inspección y las denuncias han logrado imponer la legalidad en las grandes fábricas pero sigue existiendo un gran número de talleres ilegales y de aparadoras que trabajan en casa sin ningún tipo de cobertura ni protección.
Además de esta industria y del sector agrario -donde un reciente informe del sindicato apuntaba que había zonas donde hasta 90% del empleo era ilegal- , la hostelería es el otro gran foco de fraude en este momento, según Ruiz Olmos. Sin embargo, en este caso, al importante número de trabajadores que carecen de contrato se suman las decenas de miles empleados a tiempo parcial -algunos contratados por apenas cuatro horas semanales- que luego realizan jornadas completas y, muy amenudo, maratonianas, sin declararlas.
Sólo 53 inspectores
Tanto Ruiz Olmos como su homóloga en UGT, Yaissel Sánchez, denuncian la falta de interés de las administraciones por atajar el problema y los abusos que sufren los trabajadores en esta situación. La queja más habitual es la falta de recursos humanos y técnicos de la Inspección de Trabajo, que impide que este organismo «pueda llegar a fiscalizar los sectores donde la economía sumergida sigue cada vez más en alza», asegura Sánchez.
En este sentido, la plantilla de inspectores y subinspectores de este organismo se reduce en la provincia a 53 personas para controlar más de 145.000 centros de trabajo, un número a todas luces insuficiente que provoca que en muchas ocasiones se tarden meses en verificar las denuncias que se presentan.
Frente a esto, desde UGT reclama que se aumente el personal pero también que se adopten otras medidas, como una mayor agilidad en los procesos judiciales, sanciones más contundentes y una mayor eficacia para cobrar las que se imponen o campañas de concienciación para los afectados. Por su parte, desde CCOO acaban de poner una iniciativa bajo el lema «stop fraude» que incluye un buzón en internet para denunciar abusos.
