En el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez se encuentra en stan by la pieza que, dentro del procedimiento iniciado para investigar la gestión de la CAM por parte se sus entonces responsables, se desgajó para determinar si hubo delito en la emisión de las polémicas preferentes y las no menos problemáticas cuotas participativas, amortizadas a cero euros hace unos días.
Eso ocurrió en el verano de 2012 y durante este tiempo el magistrado ha estado a la espera del informe que encargó a inspectores del Banco de España, que acaba de ser enviado al juzgado y aún se encuentra pendiente de ratificar, para poder determinar si los gestores de la CAM falsearon las cuentas que se presentaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que acabó danto luz verde a la emisión de las cuotas.
El informe, del que este diario ha venido informando las últimas semanas, no sitúa el problema en la emisión sino en las operaciones de compraventa que se hicieron posteriormente, en concreto durante los años 2009 y 2010, cuando los peritos precisan que se maquillaron las cuentas concluyendo que perdió el que compró, por haberlo hecho tomando como referencia un valor que en realidad era menor, y habrían ganado aquellos que vendieron.
Al margen de lo que Gómez Bermúdez acabe decidiendo, la solución para los damnificados por la compra de estos valores pasa, tomando como referencia lo que está ocurriendo, por los juzgados ordinarios. Además de las condenas por mala comercialización que hasta ahora se han venido produciendo por la vía Civil hay que destacar que la Audiencia de Alicante obligue a investigar por estafa, como inicialmente calificó estas operaciones la Fiscalía Anticorrupción.
