La gestión tributaria de las comunidades autónomas dista mucho en unos casos y otros, y lo peor es que la valenciana está a la cabeza en lo que a presión fiscal se refiere. Sin ir más lejos, mientras que una persona de Madrid con una renta de 45.000 euros paga en concepto de IRPF 10.090 euros, otra de la Comunidad se ve obligada a abonar 10.337 euros, 247 euros más, cantidad sólo superada por lo que se desembolsa en Cantabria y Extremadura. Sin embargo, la cosa no queda ahí, hasta el punto de que ésta es la autonomía con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de vivienda, más caro: por un inmueble valorado en 150.000 euros se pagarían en Madrid 9.000 euros, mientras en la Comunidad se deberían consignar 15.000 euros. Así se desprende de un estudio elaborado por el REAF-REGAF del Consejo General de Economistas de España.

El informe pone en evidencia que, por lo que hace al IRPF, la Comunidad Valenciana está entre las que tienen una tarifa más elevada, entre el 24,75% y el 54%, y al nivel de Murcia, Cataluña, Baleares o Andalucía, por ejemplo. Entre las novedades en esta zona, destaca la deducción del 10% para obras de conservación y mejora en la vivienda realizadas entre enero de este año y diciembre de 2015, pero con limitaciones en las bases y en cuantías. A ello, se suma un largo listado de bonificaciones que, sin embargo, a juicio de los economistas, son de difícil aplicación, por los condicionantes que se piden.

Por otro lado, el estudio revela que, entre 2007 y 2011, la Comunidad perdió 57 millones de euros en la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un 32,38%, hasta quedarse en 119,8 millones de euros. En cualquier caso, más significativa si cabe es la caída en los ingresos que ha sufrido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como consecuencia de la crisis y la disminución en el número de compraventas de viviendas. De hecho, entre 2007 y 2011, las arcas autonómicas ingresaron 614 millones por transmisiones, lo que supuso un 58% menos, y 830 millones por actos jurídicos documentados, con los que se grava la formalización de documentos notariales o mercantiles, lo que se tradujo en un 78% menos de operaciones. Con ello, la Comunidad Valenciana pasó a liderar las pérdidas en recaudación por estos conceptos. La situación que ha generado este menor nivel de ingresos hizo que la Generalitat aprobara para este año la subida del tipo general de transmisión de inmuebles del 8% al 10%, situándose al nivel de Galicia y Cataluña, que son las que tienen el gravamen más elevado, y el de los actos jurídicos documentados del 1,2% al 1,5%.

Tampoco sale mejor parado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Si hasta ahora se establecía una tributación simbólica para ascendientes y descendientes, ahora deben tributar, también por la caída en los ingresos en los últimos años, ya que se han perdido 57 millones, hasta llegar a los 119 millones. No en vano, la reforma impulsada por la Generalitat ha dado pie a que, desde este ejercicio, la bonificación del 99% que había se rebaje hasta el 75% en donaciones a los familiares cercanos y lo mismo sucede con las herencias, donde no se incluye a los cónyuges como en otras autonomías. Asimismo, el límite máximo pasa de 420.000 a 150.000 euros. De este modo, la Comunidad Valenciana se sitúa en el término medio en el ranking de las regiones que más pagan, aunque muy por encima de Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares o Cataluña.

Ante esta situación, los presidentes de los tres colegios de economistas de la Comunidad Valenciana -Francisco Menargues del de Alicante, Juan Manuel Pérez Mira de Valencia, y Jaime Querol de Castellón- respaldados por el máximo dirigente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, abogaron ayer, durante la presentación del estudio, por una bajada de impuestos, pero también por un sistema fiscal más homogéneo y simplificado.

Todos ellos coincidieron en que este incremento en el impuesto que grava la compra de vivienda de segunda mano es un «castigo» a la salida del stock que hay en la actualidad, e incluso denunciaron que esta medida para paliar la caída en la recaudación es un modo de lastrar la actividad económica. En esta línea, sentenciaron que «un sistema fiscal inestable actúa como freno y no como impulsor de la actividad económica». A juicio de los economistas, la salida en estos momentos pasa por una reforma del sistema fiscal que se caracterice por la homogeneidad y la estabilidad y que, paralelamente, no suponga una carga mayor para las familias. Finalmente, se mostraron partidarios de un sistema que se apoye más en los impuestos indirectos.