Las plantas embotelladoras de Coca-Cola, incluidas las cuatro que se quieren cerrar, contaron con un margen (diferencia entre precio de compra y de venta) del 48 % de media en 2012 (del 51 % en 2010), y que supera el 50 % en el caso de Alicante.

Así lo recoge el informe económico que sobre el ERE de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) ha preparado el sindicato UGT y al que ha tenido acceso Efeagro.

El informe repasa uno por uno los datos claves de cada embotelladora, a partir del informe técnico y otras documentaciones aportadas por la propia CCIP a los sindicatos, con el que se justificaba un ERE por motivos organizativos y de producción que afectaba inicialmente a 1.253 trabajadores y suponía el cierre de cuatro plantas.

Recuerda que, en todas las embotelladoras, los gastos de personal representaron menos del 11 % de la cifra de ventas y que los beneficios de las siete "Begas" (como denominan al conjunto de las embotelladoras) tomados de forma conjunta representaron 252,8 millones en 2012 y de 1.002 millones en los tres últimos ejercicios.

Según los datos del sindicato, tras analizar el informe técnico que les proporcionó CCIP, los márgenes llegaron en Asturbega a ser en 2012 del 38 %; en Begano, del 50,9 %; en Casbega, del 49 %; en Cobega, del 47,6 %; en Colebega (Alicante), del 52,5 %; en Norbega, del 49 %; y en Rendelsur, del 44 %.

Según afirma UGT en su informe, "una compañía que mantiene estos márgenes no parece que se vea impelida a acometer las brutales medidas de ajuste que se proponen". Por ello, el sindicato asegura que la causa económica como sustento de la causa productiva parece "completamente fuera de lugar".

El sindicato pide en el texto una explicación más detallada de las características de la integración societaria de las siete embotelladoras que se realizó el 20 de mayo de 2013, y en concreto saber cómo se realizó la valoración y quién estableció el canje de acciones y participaciones.

Al mismo tiempo, se pregunta en qué condiciones se firmó el contrato de febrero de 2013 entre Coca-Cola Company y CCIP, y si estaba supeditado al cierre de plantas y al brutal recorte del empleo que se plantea.

Según UGT, el hipotético ahorro de 13 millones de euros que se logra con el proceso "no justifica bajo ningún concepto el cierre de las cuatro plantas productivas planteadas.