La Fiscalía Anticorrupción pide para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, cuatro años de prisión y una multa de 90.000 euros por un delito de apropiación indebida, mientras que para el expresidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, solicita dos años y seis meses de prisión por un cargo de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, en ambos casos por su gestión al frente de Caja Mediterráneo. A López Abad se le atribuye idear un sistema con el que se burlaron los controles para fijar el importe de las dietas en las comisiones de control en las empresas participadas por la caja de ahorros. A Avilés se le acusa de haber simulado la venta de una de sus empresas a su hermana para ocultar las deudas que mantenía la mercantil con la entidad de la que era presidente de su comisión de control.
Además, el ministerio fiscal fija una indemnización de 1.494.029 euros a la que tendría que hacer frente López Abad y, solidariamente, los miembros de la comisión de control de la TIP (sociedad participada de la CAM para temas inmobiliarios) en la cantidad que percibieron, incluidos los 308.700 euros que cobró Avilés en concepto de dietas, y de la que sería beneficiario el Banco Sabadell. El importe de la indemnización en el caso de Avilés la supedita la acusación pública al momento en que se ejecute la sentencia.
La petición de la Fiscalía Anticorrupción es considerablemente más suave que la planteada por la acusación particular, que se ejerce en nombre de la gestora de la fundación de la CAM, quien ha pedido diez años de cárcel para López Abad y seis para Avilés, a quien le responsabiliza de un quebranto económico a la entidad de cerca de cinco millones.
Esta es la primera causa de las cuatro abiertas en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM que ha finalizado su instrucción y, tras la presentación de los escritos de acusación, el magistrado Gómez Bermúdez, instructor del proceso, procederá a la apertura de juicio oral.
