La Comunidad se enfrenta a otro problema financiero de primera magnitud. En la recta final del año pasado, el déficit de la Generalitat se descontroló, rebasó el límite fijado por Cristóbal Montoro y enfrena al Consell, a falta todavía de que se contabilice el mes de diciembre de 2013, con el peor de los escenarios fijados por la ley de estabilidad: recortes y sanciones. Incluso, aunque nadie ahora mismo piensa que Montoro lo llegue a poner encima de la mesa, al riesgo de una intervención total de sus cuentas. El Consell, de acuerdo con los datos de Hacienda, registró hasta noviembre un déficit de 2,01%, lo que supone que la Comunidad se gastó cerca de 2.000 millones más de lo que ingresó y que sólo Murcia, de entre las autonomías de régimen común, registró peores números.

El conseller Juan Carlos Moragues ya había deslizado que la Generalitat no podría cumplir. Todo ello, incluso, a pesar de que Hacienda había concedido a la Comunidad un tope máximo del 1,6%, el más alto de toda España. La falta de ingresos y la negativa de Montor a reformar el sistema de financiación condenan a la Comunidad. En el «test» anterior, correspondiente a los datos actualizados hasta octubre, el déficit de la Generalitat quedó fijado en el 1,35%. Así que en un sólo mes se habría disparado en un 0,66%. Los datos colocan a la Comunidad, por tanto, con el citado desfase negativo entre ingresos y gastos del 2,01%. Traducción: a lo largo de los primeros once meses de 2013, la Generalitat se gastó 1.958 millones más de lo que ingresó en sus arcas.

Desde la conselleria de Hacienda apuntaron que los datos, en cierta medida, entran dentro de sus previsiones, lo atribuyen a que en noviembre se aplicó al presupuesto el plan de pago a proveedores y el suplemento de crédito de 878 millones que Madrid autorizó a la Generalitat Valenciana. Apuntaron que, de ninguna manera, ese indicador llegará, ni de lejos, a los niveles del año pasado cuando rebasó ampliamente el 3,5% del PIB. «Nuestro cálculo es que habremos hecho un esfuerzo de contención de unos 3.500 millones en dos años», apuntaron estas mismas fuentes. La media de déficit de todas las autonomías fue del 1,26% -un 0,75% por debajo del dato de la Comunidad-, la del Estado del 3,96% -unos 40.000 millones- y la del conjunto de las administraciones llegó al 5,44%. Un dato que, de forma global, permite al Gobierno de Mariano Rajoy «soñar» con cumplir el tope que le impuso Bruselas y que, para el año 2013, era del 6,5%.

Lo cierto, sin embargo, es que la Generalitat, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, está en el grupo de cabeza de las autonomías incumplidoras. Sin contar con las comunidades de régimen foral -País Vasco y Navarro- cuyo sistema de financiación y de contabilización del déficit no es equiparable, Murcia registró el desfase más alto con el 2,3% seguida de la Comunidad y de Cataluña con el 1,96%. Se trata, precisamente, de las autonomías que salen peor paradas en el reparto de la financiación autonómica. Pero, en cualquier caso, incumplir el déficit, de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, supone enfrentarse a sanciones o a más recortes. A finales de noviembre, de hecho, el Ministerio de Hacienda ya remitió un requerimiento a la Generalitat por los desajustes en el cumplimiento de los planes de reequilibrio financiero de sus cuentas y le reclamó que tomara medidas suplementarias.

El Consell, por tanto, está abocado a lidiar con otro paquete de ajustes y tijeretazos. Nadie cree que Montoro llegue hasta el final y aplique una intervención. Entre otras cosas por el hecho de que, a día de hoy, el Ministerio de Hacienda ya controla «de facto» las cuentas de la administración autonómica, su capacidad de endeudamiento o el acceso a los fondos de liquidez. Fuentes financieras apuntaron que el Gobierno podría exigir al Ejecutivo de Fabra que «tocara» algún impuesto al alza para recaudar más o un acuerdo de no disponibilidad de fondos. Como se recordará, la Generalitat ya adoptó, de forma voluntaria, un recorte a través de esa vía por importe de 300 millones.

Sin embargo, desde la conselleria de Hacienda, apuntaron que, en estos momentos y teniendo en cuenta que 2014 volverá a ser un año complicado en tanto que el déficit se tendrá que recortar más hasta alcanzar como máximo el 1% del PIB, un paquete de medidas cohercitivas «no sería el más adecuado» y que, además, el Gobierno de España debería tener en cuenta la infrafinanciación que sufre el Consell que, en todo caso, reclamará que esas sanciones queden sin efecto.