El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado que se reunirá el próximo sábado en Alicante con los trabajadores de la planta de Coca-Cola para trasladarles su "apoyo" e intentar "buscar soluciones" que eviten "el despido" de los trabajadores, "ante la inacción del PP en este asunto".

En un comunicado del PSPV local, se ha insistido en que los socialistas "tenemos que ayudar a esta gente" porque "tanto la Generalitat como el Ayuntamiento" están "paralizados" debido a "la pésima gestión del PP", ha asegurado el portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Manuel Marín.

En ese sentido, desde el grupo municipal socialista han exigido al equipo de Gobierno, que dirige Sonia Castedo, a que "negocie" con Coca Cola para "evitar el cierre" de la planta de envasado.

El portavoz socialista ha insistido en que "el partido hará todo lo posible para evitar el cierre de una de las últimas industrias que quedan en Alicante, esperemos que el PP haga lo mismo, aunque mucho nos tememos viendo precedentes como el de Altadis que no se hará nada al respecto".

Así, Marín ha avanzado que su grupo presentará "en el próximo Pleno" una declaración institucional "para que Ayuntamiento y Generalitat intenten salvar la actividad de esta mercantil", que como ha recordado el portavoz lleva instalada en Alicante desde 1964, "desde hace 50 años".

"Los socialistas vamos a pedir que no se permita un nuevo atropello al ya escaso tejido industrial alicantino de manera que, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, se comprometan a realizar las gestiones necesarias para que se mantenga el empleo y la actividad de la fábrica de Coca Cola en nuestra ciudad", ha señalado Manuel Marín.

Los socialistas alicantinos han argumentado, además, que, a pesar de que las empresas que "fabrican y distribuyen" los productos Coca Cola en España --Colebega, Casbega, Rendelsur, Cobega, Begano, Asturbega y Norbega--, "repartieron un dividendo" entre sus accionistas "de más de 1.000 millones de euros en 2011" y de "más de 900 en 2012", la nueva empresa plantea este ERE "que ya ha sido considerado ilegal por parte de los interlocutores sociales y la plantilla en general".

"No entendemos cómo se puede justificar el despido de personal cuando las ganancias son abultadas pese a la crisis e, incluso, plantean una oferta de 80 millones de euros para que un importante estadio de fútbol español lleve el nombre de la marca", ha criticado el portavoz adjunto socialista.