«Nuestro propósito es llegar a un acuerdo con La Caixa para seguir trabajando y cumpliendo con nuestros compromisos». Así se expresó ayer el director general de Hansa Urbana, Juan Rafael Galea, tras haber conseguido en los tribunales que la promotora alicantina no tenga que convocar el concurso de acreedores que Caixabanc (La Caixa) solicitó el pasado mes de julio a los juzgados de lo Mercantil al considerar que la empresa de la familia Galea era incapaz de afrontar sus deudas, algo que finalmente el magistrado de la sala 1 ha rechazado en base a que estima que la firma puede afrontar sus compromisos de pago y que se no se han producido impagos generalizados al resto de bancos con los que mantiene créditos, entre ellos el Sabadell, que tiene un 30% de la compañía.

Galea reconoció ayer que «la situación no hubiera sido buena» para la mercantil que dirige en caso de que hubiera prosperado la demanda de Caixabanc, a la que adeuda 21,4 millones de euros, de los que 12,9 millones están respaldados por garantías reales.

El juez de lo Mercantil número uno de Alicante ha considerado insuficientes las pruebas presentadas por La Caixa para acreditar los impagos de Hansa a sus acreedores: un impago en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) por un importe de 673.400 euros y una deuda con una sociedad de telecomunicaciones de cerca de 350 euros.

El juez recoge en su auto que «sobre un riesgo total mantenido con entidades financieras a mayo de 2013 de 156 millones de euros, el riesgo moroso [de Hansa Urbana] asciende a 55 millones aproximadamente, del cual cerca de 22 millones corresponden a La Caixa».

Sin embargo, el magistrado argumenta «que no hay un impago generalizado, cuando a mayor abundamiento se acredita una serie de pagos importantes (en número e importe) a proveedores y suministros y se está al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, así como se dispone de activos libre de cargas para atender reclamaciones», por lo que, concluye el fallo judicial, «no queda acreditada, con la contundencia que exige un pronunciamiento de tanta trascendencia económica como la declaración de concurso, el hecho revelador de la insolvencia».