El supuesto desvío de fondos a un paraíso fiscal del grupo hotelero que crearon junto a la CAM en el Caribe o la presunta ocultación de millones de euros en la venta de una conservera en Murcia no son las únicas irregularidades que los empresarios benidormenses Juan Ferri y José Baldó han acumulado a lo largo de su dilatada carrera. Los propietarios de Valfensal y del Grupo Mar Confort también impulsaron la construcción en Lanzarote de un complejo vacacional que incumple toda la normativa urbanística de la isla y que lleva ya más de un año en situación de ilegalidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declarara firme la anulación de la última de las licencias que tenía en vigor el establecimiento.
Se trata del Sandos Papagayo, también conocido en la zona como Hotel Papagayo Arena, y que supone «todo un compendio de lo que se puede hacer mal» desde el punto de vista urbanístico, según el exconsejero de Territorio del Cabildo Insular de Lanzarote, Carlos Espino, quien también ejerce como acusador en la causa que se sigue contra el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes por la concesión de los permisos para éste y otros 16 hoteles que se encuentran en una situación similar en el municipio.
Entre otras cosas y según un informe elaborado por el propio Cabildo, el hotel triplica la edificabilidad permitida por el plan parcial de la zona, supera en tres plantas la altura máxima autorizada por la normativa, ocupa el espacio que debía destinarse a un vial público y no respeta el retranqueo que obligaría a desplazar la fachada del complejo, ahora pegada a la playa, varias decenas de metros hacia el interior. Y todo ello junto al monumento natural de Los Ajaches, uno de los mayores atractivos de la isla.
Según explica Espino, la licencia inicial concedida en 1998 ya incumplía con la legislación pero lo que se acabó construyendo prácticamente duplicó las dimensiones que contemplaban los permisos municipales. En concreto, se pasó de una superficie construida prevista de 25.158 metros cuadrados, a casi 46.000. «El Ayuntamiento les dio hasta cuatro licencias distintas: la original, dos modificaciones del proyecto y una licencia final por lo realmente construido, un auténtico disparate», insiste el político socialista.
Desde un principio, tanto el Cabildo como la Fundación César Manrique trataron de revocar todas las autorizaciones y acudieron a los tribunales, que ya en 2007 declararon la nulidad de estas licencias aunque transcurrieron más de seis años hasta que el TSJ canario convirtió en firme la decisión. Desde entonces el hotel se encuentra en situación «ilegal», tal y como confirmaron ayer fuentes oficiales del Consistorio de Yaiza, aunque sigue abierto al público y funcionando con normalidad.
Al respecto, desde el Ayuntamiento señalaron que se encuentran en estos momentos en plena revisión de su Plan General de Ordenación Urbana y que la intención es incluir algún tipo de medida para permitir la regularización de los establecimientos turísticos que se han quedado fuera de la ley o, como mínimo, para que recuperen la legalidad con la demolición de sólo una parte de los mismos.
Sin embargo, el exconsejero de Territorio de Lanzarote duda de que el hotel de Ferri y Baldó -que siguen en el extranjero y pendientes de presentarse ante el juez tras la orden de detención dictada en su contra- pueda salvarse de la piqueta ante la acumulación de irregularidades que presenta y la firme determinación de la Fundación César Manrique -muy influyente en la zona- de que se revierta el daño causado. De hecho, este organismo ya ha solicitado la ejecución de la sentencia.
Proceso penal
De forma paralela, Carlos Espino presentó en 2006 una querella penal contra el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes acusándole de delito urbanístico y de haber cobrado sustanciosas sumas de dinero a cambio de conceder licencia a un total de 17 hoteles a sabiendas de que incumplían la legislación. En 2009, Reyes llegó a admitir ante el juez instructor que había recibido distintas cantidades y señaló a cuatro empresarios concretos, entre ellos a José Francisco Riquelme, antiguo alcalde de La Vila Joiosa entre 1979 y 1987 y representante de la mercantil propietaria del Papagayo Arena, cuyos accionistas principales son, a través de varias sociedades interpuestas, Juan Ferri y José Baldó.
Sin embargo, tiempo después el exalcalde de Yaiza se retractó y el propio Riquelme negó todos los hechos cuando le llamaron a declarar, al igual que hicieron el resto de los empresarios supuestamente delatados. Por ello la Fiscalía, finalmente, ha decidido no actuar contra ellos en la causa cuya instrucción está a punto de procesar, y centrará sus acusaciones en el exedil lanzaroteño.
Este diario trató ayer de obtener la versión de la dirección del hotel Sandos Papagayo sin ningún éxito.
