La contratación de los llamados falsos autónomos por parte de las empresas conlleva una notable pérdida de garantías sociales y laborales para los trabajadores que entran a formar parte de este «juego» de los patronos, que en definitiva, es un fraude de ley, ya que se trabaja bajo las órdenes de una misma empresa, se cumple un horario e incluso se ocupan las mismas instalaciones. Las compañías les obligan a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a cambio de un contrato civil o mercantil de prestación de servicios. Pero el trabajador debe saber que este tipo de contrato supone la pérdida de determinados derechos, como el de indemnización en caso de despido, o la cobertura del paro, cuya duración resulta inferior a la del asalariado. Lo mismo ocurre con las bajas por incapacidad temporal.
