Lejos de los objetivos del Gobierno, la reestructuración del sector bancario no ha logrado que el grifo del crédito vuelva a fluir. Al contrario, la mayoría de entidades siguen reacias a abrir la mano incluso cuando es el Estado quien les facilita la liquidez necesaria, tal y como indican los últimos datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que muestran un desplome de más del 40% en la cantidad que las empresas alicantinas consiguieron a través de las diferentes líneas de financiación que oferta el organismo público pero que gestionan los diferentes bancos y cajas de ahorros.
En concreto, entre enero y junio de este año el ICO concedió préstamos por valor 168,4 millones de euros en la provincia frente a los 282,7 millones que desembolsó en el mismo periodo de 2012. Esto ha supuesto que el número de operaciones aprobadas y, por tanto, de compañías que lograron financiación se redujo en 1.314, al pasar de 4.480 a 3.166.
Para los empresarios semejante desplome no tiene sentido cuando la mayoría de negocios siguen ávidos de liquidez y el ICO ofrece intereses por debajo del mercado y un plazo de devolución más ventajoso. Sin embargo, el organismo presidido por Román Escolano tratan de justificar la caída en la cifra récord que se alcanzó el año pasado: «En el primer semestre de 2012 aún no se había realizado la reestructuración del sector financiero, las entidades no tenían acceso a los mercados para conseguir liquidez y tiraron de las líneas del ICO para atender a sus clientes», asegura una portavoz oficial de la institución.
A pesar de ello, el propio ICO también reconoce que bancos y cajas ponen muchas trabas en la tramitación de sus préstamos y rechazan la mayoría de las solicitudes. «El problema es que, aunque el dinero lo ponga el Estado, son las entidades quienes asumen las pérdidas si el crédito resulta impagado y por eso exigen una gran cantidad de avales y una elevada solvencia a las empresas», apuntan las citadas fuentes.
Así lo confirman también los afectados: «En estos momentos nadie quiere asumir nuevos riesgos, las entidades están obsesionadas con sanear sus balances y con cumplir los criterios de solvencia que exige Basilea III la nueva normativa internacional que regula el sector y no quieren prestar más dinero», señala el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, quien desde su organización trata de poner en marcha una cooperativa de crédito precisamente para suplir las carencias de la banca tradicional.
Planes de viabilidad
El portavoz de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunidad Valenciana, Rafael Pardo, también se muestra tajante: «La banca no está cumpliendo con su función y la financiación no llega a las empresas ni a los profesionales». Al respecto, una de las principales críticas de esta organización es que los créditos del ICO no se están concediendo o denegando «en función de la viabilidad de la empresa o del proyecto, sino únicamente según los avales y las garantías que aportes».
En este sentido, tanto Navarro como Pardo señalan que entre los empresarios empieza a extenderse un «efecto desánimo» que provoca que muchos ya ni se planteen acudir a las entidades en busca de crédito aunque eso les obligue a echar el cierre. «Tras cinco años de crisis y muchas historias con un final dramático la gente ya no está dispuesta a arriesgar la casa o liar a toda la familia para conseguir un préstamo para el negocio», explica el presidente de Cepyme Alicante.
La situación de la provincia no es ni mucho menos una excepción. La caída en la concesión de créditos del ICO se extiende por todo el país incluso con mayor intensidad que en Alicante. De media el desplome ha sido del 50% pero en provincias como la vecina Valencia supera el 60%. En el conjunto de la Comunidad se ha pasado de 835,3 millones prestados a 417,7.
No obstante, desde el organismo público sostienen que la situación ya ha empezado a cambiar tras el pertinente toque de atención del Gobierno al sector y que en los últimos meses las cifras empiezan a repuntar de nuevo.
