Por si las denuncias de miles de afectados no fueran suficientes, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura reconoció ayer abiertamente las irregularidades generalizadas que cometieron las entidades en la comercialización de las participaciones preferentes, que en el caso de la CAM llegaron incluso al propio diseño del test con el que la caja debía determinar si este tipo de producto era adecuado para los conocimientos financieros que poseían los clientes. Es decir, la prueba a la que obliga la ley para constatar si el inversor sabe realmente lo que está comprando.

Durante su comparecencia en la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la debacle de la CAM, Segura dejó patente la indefensión en que se encuentran los consumidores ante este tipo de hechos ya que, según explicó, el supervisor no tiene potestad para prohibir a una entidad la venta de estos productos a particulares -siempre que el folleto de emisión sea correcto- y la legislación tampoco permite advertir de la apertura de un expediente sancionador cuando se hallan deficiencias hasta que no ha finalizado su instrucción, lo que puede tardar años.

El también economista relató que en la emisión de participaciones preferentes que realizó la CAM en 2009 -que alcanzó los 850 millones de euros- los responsables de la caja elaboraron el test de idoneidad para los clientes "con un marcado sesgo" para que resultara casi siempre positivo y se facilitara la colocación.

Así, de los casos analizados por la CNMV se desprende que el 72% de los inversores a los que se declaró aptos para adquirir las preferentes, "en realidad, no lo eran". Además, el restante 28% quería en su mayor parte una inversión a un plazo máximo de cinco años, lo que tampoco casa con el carácter perpetuo de estos valores.

Y estos clientes fueron, de alguna forma, los afortunados porque una de cada cuatro personas que compró preferentes de la CAM ni siquiera llegó a realizar la citada prueba, y en los casos en que el resultado fue negativo el problema se solventó incluyendo en los contratos un párrafo por el que el inversor se daba por enterado de que el producto no se ajustaba a su perfil.

Información de la red

Pero las irregularidades fueron más allá y, según el expresidente de la CNMV, la información que se facilitaba a la "red comercial" -la que recibían los propios empleados- también presentaba deficiencias" y a menudo las preferentes se colocaban junto con depósitos a dos años "para hacerlas más atractivas", lo que aumentaba la "confusión".

Ante semejante cúmulo de deficiencias, los diputados -Ángel Luna (PSPV), Mireia Mollà (Compromís), Lluís Torró (EU) y Vicente Betoret (PP)- quisieron saber cual había sido la reacción del supervisor. Segura dio a entender que se había solicitado su corrección y también que la CAM era una de las entidades contra las que el supervisor habría abierto un expediente sancionador por este asunto -aunque se negó a confirmarlo con rotundidad debido a que el proceso es confidencial hasta que se resuelva-, pero también se dedicó a echar balones fuera. En este sentido, señaló que le "irritaba" que algunos representantes políticos criticaran a la institución por no haber frenado la comercialización de las preferentes y les instó "a cambiar la legislación" ya que actualmente la CNMV no puede prohibir la venta de un producto si el emisor ha cumplido con los trámites "de transparencia previa". Es decir, si la información del folleto de la emisión es correcta.

En la misma línea, denunció que hace un par de años el supervisor remitió al Gobierno de Rodríguez Zapatero un informe con 15 propuestas relacionadas con la comercialización de las preferentes y obtuvo "la callada por respuesta". Tras las elecciones volvió a enviar el documento al equipo de Mariano Rajoy y sólo tres de ellas se han reflejado en la nueva legislación.

Igualmente, responsabilizó al Banco de España de la "avalancha de preferentes" del año 2009 al decidir que el dinero captado mediante estos productos contaba como recursos propios de máxima calidad para alcanzar el mínimo de solvencia que exige la legislación. Y sobre las responsabilidades de uno y otro organismo, recordó que la CNMV sólo tiene 15 inspectores frente a los más de 200 del BdE.

Comunicación a Fiscalía

En cuanto a las posibles repercusiones judiciales de las irregularidades encontradas, Julio Segura evitó hablar del caso concreto de CAM pero señaló que la CNMV suele remitir a la fiscalía sus expedientes "cuando hemos visto que podían ser constitutivas de delito las actuaciones que contienen". De hecho, señaló que esa era la causa de que algunos expedientes se paralizaran, ya que la jurisdicción penal tiene prioridad sobre la administrativa.

En cuanto a las cuotas participativas, el expresidente del supervisor del mercado de valores señaló que, a su juicio, no se habían producido los mismos problemas de comercialización que con las preferentes ya que "todo el mundo sabía que eran acciones". "Me cuesta creer que alguien las comprara sin saber lo que eran", insistió. Eso sí, reconoció que la CNMV investigó hasta en tres ocasiones -en 2009, 2010 y 2011- si la CAM estaba manteniendo de forma artificial el precio de estos valores aunque "en ningún caso se detectaron indicios suficientes". Según sus datos, el 69% de las cuotas se vendieron a particulares, lo que supone unos 46.000 pequeños inversores.

Segura confirma la apertura de expediente contra los exdirectivos y los exconsejeros

Durante su intervención de ayer en las Cortes Valencianas, el expresidente de la CNMV Julio Segura también confirmó la apertura de "varios expedientes sancionadores" contra la entidad por las irregularidades detectadas en las cuentas del año 2010 y por ocultar las pensiones millonarias y las prejubilaciones de los exdirectivos, de los que ha venido dando cuenta este diario. Sobre el balance de 2010, el supervisor considera, al igual que el Banco de España, que se hincharon los resultados al simular la venta de paquetes de créditos impagados. Además, Segura también denunció el "retraso sistemático" de los anteriores gestores a la hora de remitirle la información obligatoria.

El organismo también pide cuentas a la nueva gestora

Además de amortizar las cuotas participativas y transformar la antigua Obra Social en una nueva fundación, la nueva comisión gestora que se ha hecho cargo de los restos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) se encontraron sobre la mesa en su reunión de ayer otra nueva tarea: la de responder a los requerimientos de información que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha remitido a la institución durante los meses en que ha vivido en un vacío de poder. Es decir, desde que en diciembre del año pasado el FROB dio por finalizada la intervención hasta que la semana pasada se constituyó la gestora. En este tiempo, la CAM tendría que haber remitido las cuentas del año pasado y también las del primer trimestre pero no ha presentado ninguno de los balances y, como le recuerda la CNMV, mientras las cuotas sigan sin amortizarse, esta obligación perdura por lo que tendrán que elaborarlos. Por otro lado, los miembros de la gestora han solicitado al gerente de CAM y a la asesoría jurídica toda la documentación disponible para analizar la situación de estos valores y también el proceso de transformación en fundación.

LA CLAVE

El supervisor no puede obligar a devolver el dinero a los afectados

Tras la comparecencia de Julio Segura en las Cortes, fuente de la CNMV señalaron que la institución no tiene poder para obligar a las entidades a devolver el dinero aun cuando sus investigaciones concluyan que se comercializaron mal determinados productos. Sus competencias se limitan a la posible inhabilitación de los gestores y a multar a las entidades.