24 de abril de 2013
24.04.2013

Los jueces de Alicante paralizan los desahucios un mes

Los demandados tendrán un plazo de treinta días para acreditar ante el juzgado los supuestos casos de abusos

24.04.2013 | 00:00
Un momento de la junta de jueces celebrada ayer en el Palacio de Justicia de Pardo Jimeno.

Los jueces del partido judicial de Alicante acordaron ayer paralizar todos los procedimientos de desahucio que tienen en marcha para que los afectados acrediten si hay cláusulas abusivas en su hipoteca, según informaron ayer fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. El acuerdo se adoptó en una junta de jueces y con él se suman a las iniciativas de otras provincias tras la sentencia de la Unión Europea que faculta a los magistrados a paralizar un desalojo en esos casos. Los afectados van a tener un plazo de treinta días para intentar acreditar ante el juzgado la existencia de cláusulas abusivas, aunque el acuerdo no entra a valorar cuándo ocurren estos supuestos. La previsión de los jueces es que para finales de mayo ya habrá entrado en vigor la nueva legislación hipotecaria del Gobierno, por lo que en la práctica la medida supone paralizar los procedimientos que están en marcha hasta ese momento para evitar "hechos irreversibles", ya que una vez practicado el desalojo no habrá vuelta atrás.

La primera consecuencia práctica es que desde hoy todos los lanzamientos por hipotecas previstos quedarán paralizados. Fuentes del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Benalúa apuntaron que en estos momentos esta oficina, que es la que se encarga de la ejecución material de los desalojos, tenía toda la agenda de señalamientos llena durante los próximos dos meses. Tal como ya publicó este diario, en el primer trimestre del año se habían recibido un total de 422 procedimientos de desahucios, de los cuales se suspende una tercera parte a instancia de los propios bancos.

El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló ayer que la medida afectará sólo a procedimientos hipotecarios y que los desahucios por el impago del alquiler seguirán ejecutándose como hasta ahora. A pesar de que la sentencia de la Unión Europea contra la legislación hipotecaria española se dictó a mediados del pasado mes de marzo, los jueces de Alicante todavía no habían adoptado ninguna medida sobre su aplicación. Todo había quedado condicionado a una junta de jueces en la que había que unificar criterios a fin de evitar que cada juzgado adoptara una postura diferente. La reunión señalada ayer tardó más de una hora en cerrar un acuerdo, ya que se pretendía que la resolución se adoptara por unanimidad.

Tras el acuerdo de ayer, los jueces paralizarán todos los procedimientos hipotecarios que tienen en marcha para emplazar a las partes a que en un plazo de treinta días acrediten ante el juzgado si han presentado algún tipo de procedimiento por cláusulas abusivas en una ejecución hipotecaria. Hasta ahora, la legislación planteaba la posibilidad de iniciar este procedimiento, que se denomina declarativo, aunque no suponía la paralización del desahucio. Los jueces no han entrado a valorar los supuestos en los que una cláusula podría ser considerada abusiva, ya que se entiende que estos aspectos van a quedar regulados en la nueva ley. De hecho, el acuerdo de la junta supone paralizar los desahucios hasta que entre en vigor la nueva legislación del Gobierno.

500 juristas exigen la dación en pago
Más de 500 juristas de toda España exigieron ayer al PP que rectifique la ley de reforma hipotecaria para adaptarla a la normativa comunitaria, con el fin de proteger a los afectados en desahucios, y evitar que España se convierta en "un paraíso para las entidades financieras". En la presentación de la "Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios", los juristas firmantes han instado al Senado a introducir medidas de protección a los afectados en la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria, que aprobó el Congreso el 18 de abril con los votos del PP. Los juristas firmantes plantean la aprobación de la dación en pago y han defendido el uso social de la vivienda y no el especulativo.

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