05 de abril de 2013
05.04.2013

La acusación popular pide al juez que impute a los exconsejeros de la CAM por dejación de funciones

Diego de Ramón sostiene que la falta de control de un órgano que tenía este cometido facilitó el daño a la entidad, lo que hace de sus exmiembros cooperadores necesarios de los delitos que se investigan

05.04.2013 | 00:00

Que los exmiembros del consejo de administración de la caja que durante cuatro jornadas han venido declarando como testigos en la Audiencia Nacional sean imputados en la causa que se instruye en este órgano judicial por las supuestas irregularidades en la gestión de la CAM dado que con su evidente dejación de funciones contribuyeron al quebranto económico que sufrió la entidad hoy desaparecida. Ésta es la petición que ayer registró en el juzgado que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez el letrado Diego de Ramón, acusador particular en este proceso en el que representa a más de medio millar de perjudicados por la compra de preferentes y participativas. El abogado ha formalizado la solicitud después de que hayan desfilado ante el juez más de una treintena de personas (entre exconsejeros y exdirectivos de la caja) a los que Gómez Bermúdez citó como testigos y a quienes ha mantenido esta condición, pese a avisarles de que acudieran acompañados de abogado por si cambiaba. Todos han coincidido en declarar que aprobaban préstamos a altos cargos de la entidad sin saber realmente a qué le estaban dando el visto bueno.
De Ramón apuntala su petición con el argumento de que estos testimonios evidencian la falta de control de un órgano que tenía entre sus funciones este cometido, con lo que todos los exconsejeros que no fiscalizaron las operaciones como debían serían, en opinión del acusador, "cooperadores necesarios" en los delitos de apropiación indebida y administración desleal, entre otros, que se están instruyendo y donde se encuentran los relativos al presunto trato de favor que habría recibido de la CAM el expresidente de su comisión de control, Juan Ramón Avilés, en la concesión de alrededor de 20 millones en préstamos y en el cobro de más de 300.000 euros en dietas presuntamente irregulares.
Tal y como ya publicó este diario, en el escrito también se solicita que se amplíe la responsabilidad penal por los créditos de Avilés a los responsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la última voz como supervisor autonómico en la aprobación de las operaciones de la caja con sus altos cargos. Y pide en el mismo escrito al juez que reclame al IVF todas la actas o acuerdos aprobados por el consejo de administración de la CAM desde el 2007 hasta la intervención de la entidad así como las de los consejos de Gesfinmed y Tenedora de Inversiones y Participaciones, dos filiales de la entidad a través de las que directivos y consejeros obtenían sabrosas remuneraciones.
Destaca el letrado el hecho de que todos los acuerdos del consejo se adoptaran por unanimidad y que consejeros con la formación económica del actual vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal, no se hubiera abstenido o votado en contra alguna vez.
De Ramón solicita también que vuelva a declarar como testigo José Pina para que, en su condición de exsecretario general del consejo, explique los motivos que llevaron a celebrar reuniones en destinos tan remotos como China, la India, Chicago o Las Vegas cuando la caja tenía su sede en Alicante. E insta por último al juez a que reclame al Banco de España el listado de créditos fallidos de la caja desde 2007 de más de 25 millones que no llegaron a reclamar por vía judicial para ver qué personas o qué entidades fueron los morosos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook